
Italia exige más de 1.000 M en IVA no pagado a Meta, LinkedIn y X en base a registros
El Gobierno italiano ha lanzado una campaña de recuperación de IVA no abonado por gigantes tecnológicos de EEUU sin precedentes en la Unión Europea, sobre la idea de que los registros deben computar a esos efectos.
Según han avanzado varias fuentes a Reuters, la reclamación supera los 1.000 millones de euros que no habrían satisfecho en conjunto Meta, LinkedIn y X.
Esas cifras proceden de una investigación que abarca desde los ejercicios 2015 o 2016 hasta 2021 o 2022, según el caso. La mayor parte de ese dinero corresponde a Meta, que no habría ingresado 887,6 millones de euros, mientras que a LinkedIn y X se les exige 140 y 12,5 millones, respectivamente.
Más allá de las cifras, lo novedoso de esta reclamación es la base que utiliza. Según el fisco italiano los registros de usuarios en esas plataformas deberían tener la consideración de transacciones imponibles debido a que suponen un intercambio de una cuenta por el uso de información personal para servir publicidad personalizada.
Hasta el momento, Meta se ha pronunciado «totalmente en desacuerdo con la idea de que proveer acceso a plataformas digitales a usuarios debería estar sujeto a IVA». Sobre todo porque crea un precedente que se podría extender eventualmente a los 27 países de la Unión Europea, en la medida en que el IVA es un impuesto armonizado en toda la región.
Además esta aproximación podría afectar a casi todas las compañías que operan en digital, según expertos contactados por Reuters, en la medida en que ofrecen servicios gratuitos a cambio de perfilados comerciales.
El fisco de ese país interpreta que el intercambio entre creación de perfiles y datos monetizables comercialmente tiene que estar sujeto a imposición.
Todo ello en un contexto de tensión con Donald Trump, que ya dejó claro hace algunas semanas que considera la regulación europea como una estrategia extractiva de impuestos y multas sobre las compañías estadounidenses.
El grupo de empresas concernidas no incluye a Google porque en febrero acordó el pago de 326 millones de euros para zanjar una cuestión idéntica relativa al periodo entre 2015 y 2019. Las que sí han sido señaladas tienen ahora por delante un plazo de 60 días que podría ampliarse en otros 30 si piden al Gobierno italiano más margen para formular una propuesta alternativa de pago. De lo contrario, queda el recurso a los tribunales.