La UE acuerda obligar a las gigantes tecnológicas a controlar los contenidos que difunden
Las grandes plataformas online serán responsables de los contenidos que difunden. Este es el acuerdo que han alcanzado negociadores del Parlamento Europeo, de los Veintisiete y de la Comisión Europea sobre la nueva Ley de Servicios Digitales. Una normativa que obligará a todos los intermediarios online que presten servicios en la UE -como Google, Amazon, Meta o Twitter- tomar medidas contra contenidos ilegales o poner coto a la desinformación online.
El acuerdo que complementa a la ya aprobada sobre los mercados digitales, llega casi un año y medio después de que Bruselas presentara su primera propuesta y trae nuevas obligaciones para las plataformas de servicios en Internet, usadas por cientos de millones de personas en la UE.
A partir de ahora, miles de empresas deberán contar con un representante europeo si operan en territorio comunitario y deberán cumplir con esta nueva legislación, aprobada con la intención de ser el nuevo estándar global contra contenidos ilegales, bulos o la opacidad de sus algoritmos. Además, deberán elaborar un análisis anual orientado a «reducir los riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales o la manipulación de servicios con impacto en los procesos democráticos y la seguridad pública».
Las grandes empresas tecnológicas que deberán cumplir con la nueva Ley -unas treinta, usadas por más de 45 millones de usuarios mensuales en la UE-, estarán bajo supervisión de la Comisión Europea y tendrán que abonar una tasa del 0,05% de sus ingresos globales para financiar esta vigilancia. Para ello, Bruselas contratará a nuevos expertos en el sector.
Las multas a las que se someten las grandes tecnológicas.
La Ley de Servicios Digitales contempla imponer multas de hasta el 6% del resultado global de la empresa infractora. En el caso de repetidas violaciones graves, la nueva norma también prevé prohibir que estas compañías puedan operar en territorio europeo.
La normativa está orientada a promover la transparencia y a favorecer al usuario para que disponga, por un lado, de un procedimiento más claro para informar de contenido y, por otro, de garantías para que las denuncias se procesen de manera no arbitraria y no discriminatoria, así como para que los consumidores puedan comprar productos o servicios en línea bajo controles más estrictos sobre la identidad de los comerciantes.
Además, la Ley prohibirá la recopilación de datos sobre raza, religión, orientación sexual u otros asuntos sensibles para dirigir la publicidad, así como los anuncios dirigidos a menores o los llamados «patrones oscuros», tácticas de diseño de la interfaz dirigidas a engañar al usuario para que acepte que se rastree su información.
Ahora el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, tendrán que revisar y dar luz verde de nuevo al pacto definitivo, que entrará en vigor o bien quince meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE o el 1 de enero de 2024.
