El sector de producción publicitaria se desmarca del fraude estadounidense pidiendo más transparencia

Cualquier movimiento ocurrido en Estados Unidos produce réplicas en el resto del mundo. Hace unas unas semanas la Asociación Nacional de Anunciantes de Estados Unidos (ANA) confirmó, sin citar nombres, la práctica generalizada entre los grandes holdings publicitarios de adulterar la adjudicación de contratos de producción de anuncios. 

Más que un precedente, se trata de un asunto grave que preocupa a todo el mundo publicitario. También en España, donde la Asociación de Productoras de Cine Publicitario de España (APCP) se ha encargado de marcar distancias con el ejemplo de Estados Unidos.

Este ejercicio de separación lo ha hecho su presidente, Manuel García, durante la presentación del Estudio sobre el Impacto Económico de la Producción Publicitaria en España, encargado a la consultora SCOPEN. Éste ha recordado el convenio establecido hace dos años con AENOR, un auditor independiente, para la certificación de las productoras que cumplen con todos los requisitos legales y de calidad de servicio.

«Es una herramienta que ofrecemos a nuestros clientes, agencias y anunciantes, para que pueda estar seguro de que la empresa que contrata está cumpliendo con todo lo establecido por la ley», ha enfatizado García para desmarcarse de los hechos acaecidos recientemente en la industria estadounidense.

El presidente de la APCP ha recordado la existencia de certificaciones que acreditan las buenas prácticas de las productoras en España

En su opinión, cuanto «más exigentes seamos con nosotros mismos, más avanzaremos en la profesionalización de nuestro trabajo». Un trabajo, el de la producción de anuncios, que conforma una buena parte del tejido empresarial de la actividad audiovisual en nuestro país y cuyo impacto, en términos económicos, es cada vez mayor.

Un volumen de 440 millones de euros

De acuerdo con el estudio elaborado por SCOPEN, el volumen estimado de facturación del sector de la producción de cine publicitario en España se sitúa en torno a los 440 millones de euros. Esta cifra certifica un aumento del 37% en los dos últimos años, «debido en parte al aumento del número de productoras en el mercado». La media de facturación por empresa es de 4,5 millones de euros.

El 78% de los ingresos de las productoras va destinado a cine y televisión, con un volumen superior a los 340 millones de euros. El 22% restante correspondería a otros medios, como el digital, que alcanza los 100 millones de euros.

Del mismo modo, el 63% de las contrataciones las hacen clientes extranjeros, unos 275 millones de euros, lo que representa un aumento del 10% con respecto a los datos de 2015 del último informe. A su vez, la media de facturación de las producciones que proceden de clientes de fuera de España son un 67% superior a las que provienen de clientes nacionales, 3 millones frente a 1,8 millones.

La fuera laboral empleada en la actividad se ha doblado en apena dos años. Ha pasado de los 42.000 puestos de trabajo registrados en 2015 a los más de 90.000 contabilizados en 2017, a los que también cabría añadir los cerca de 24.000 puestos de creación indirecta.