Asociaciones europeas de prensa alertan de que la nueva Directiva de Servicios Digitales podría promover la eliminación de noticias en plataformas
El Parlamento Europeo ha aprobado las dos normativas que buscan atajar los comportamientos anticompetitivos de gigantes de internet (Directiva de Mercados Digitales, DMA) y obligarles a una moderación más eficaz de los contenidos que acogen (Directiva de Servicios Digitales, DSA). La redacción de la segunda de ellas causa suspicacias entre parte del sector de los medios de la zona comunitaria en la medida en que podría redundar en el bloqueo de publicaciones informativas. Así lo han expresado la asociación europea de revistas (EMMA) y la asociación europea de editores de noticias (ENPA) en un comunicado conjunto.
En concreto ambos colectivos consideran que la DSA ha salido adelante sin una “protección sólida de los derechos fundamentales”, lo que provocará “un impacto preocupante en la libertad de prensa en un mundo cada vez más digital”. EMMA y ENPA lamentan que no se hayan tenido en cuenta sus peticiones de que el contenido de los medios sea protegido frente a eventuales injerencias arbitrarias de las plataformas, algo en lo que han incidido a lo largo de toda la gestación de la normativa. El texto incluye una referencia a la libertad de prensa que en todo caso creen insuficiente.
EMMA y ENPA lamentan que no se haya incorporado al texto una defensa explícita del contenido de los medios ante posibles arbitrariedades.
La clave del desencuentro está en que, además de forzar el borrado de contenido ilegal, la DSA no pone obstáculos a que esas grandes compañías puedan determinar la eliminación de aquello que pueda no serlo pero resulte contrario a sus reglas internas. Esto preocupa especialmente debido a que los lectores más jóvenes de los medios concernidos consumen gran parte del contenido a través de esas compañías, tal y como refleja la última edición del Digital News Report del Instituto Reuters.
Las dos asociaciones creen que en la redacción final del texto debía haber quedado explicitado que lo que es legal fuera de internet debe serlo igualmente en esas plataformas, de forma que la libertad de expresión no quede limitada por sus reglamentos más que por la ley. Y por ello piden al Parlamento Europeo que lo tenga en cuenta para futuras revisiones del articulado, que en los próximos tiempos tendrá que transponerse a los marcos legales de cada país miembro.
Tanto la DMA como la DSA son dos de los mayores esfuerzos normativos sobre internet de los últimos tiempos y está por ver su efecto a nivel global, ya que por lo general el “efecto Bruselas” hace que muchas compañías apliquen fuera de Europa lo que han de cumplir en la región para evitar complejidad operativa. La primera de ellas entrará en vigor en los próximos meses pero probablemente no será obligatorio su cumplimiento hasta 2024, año en el que también está previsto que empiece a estar vigente la segunda.
El incumplimiento de la DMA podría conllevar multas de hasta el 10% de los ingresos globales anual de una de esas empresas o hasta el 20% si es repetido. Y la máxima sanción que contempla la DSA es del 6% de la facturación anual total. En caso extremo los textos aprobados incluyen la posibilidad de forzar la ruptura de las compañías.
