José Joly, presidente del grupo Joly.

Caso ERE: La Junta de Andalucía financió con 8M€ al grupo Joly sin reunir los requisitos

| 12 JULIO 2018 | ACTUALIZADO: 13 JULIO 2018 9:14

La Junta de Andalucía inyectó 8 millones de euros al grupo Joly en el año 2004 procedentes del conocido como ‘fondo de reptiles’ para financiar un ERE que no cumplía los requisitos legales y que -incluso- fue concedido antes siquiera de solicitarlo formalmente.

Este grupo editorial es dueño de varias cabeceras locales andaluzas, como el Diario de Cádiz o el Diario de Sevilla.

Estas irregulares han sido reveladas por un ex funcionario de la Junta de Andalucía en el juicio del caso ERE, al que se le encomendó revisar los expedientes de las ayudas a empresas en problemas.

El director general de Trabajo de la Junta de Andalucía cuando se produjeron las irregularidades, Javier Guerrero, envió una carta al presidente del grupo Joly, José Joly, en la que decía lo siguiente: «Tras las reuniones mantenidas por esta Dirección General con la Dirección de Grupo Joly y con la representación de los trabajadores de Diario de Cádiz y de Ingrasa (empresa impresora), en las que se ha analizado la situación laboral de estas empresas en relación tanto con las singulares circunstancias laborales y de creciente competitividad del sector de la prensa diaria, en general, como con las condiciones actuales de desarrollo y expansión del proyecto empresarial vinculado a Grupo Joly, en particular, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social manifiesta su compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años».

En total, fueron 8 millones de euros de euros inyectados al grupo Joly pese a que no se pudo comprobar -según un informe posterior de la propia Junta de Andalucía- si los trabajadores de Joly acogidos a ese ERE «pertenecen a la empresa, si realmente tienen la antigüedad declarada, la categoría profesional que se consigna para cada uno de ellos, etcétera».

Tampoco se pudo comprobar «si los 36 trabajadores que finalmente resultan beneficiarios en este expediente debían reunir o no» el requisito de haber cumplido 52 años.