El Gobierno se compromete a regular el secreto profesional de los periodistas para prohibir la revelación de fuentes

En 2018, durante la investigación judicial del caso Cursach, una de las mayores tramas de corrupción empresarial y policial de Mallorca, un juez de instrucción de Palma ordenó a la Policía requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca para identificar sus fuentes de las noticias publicadas.

Esta decisión judicial originó un escándalo en las redacciones. Los periodistas defendieron que dicha resolución era totalmente ilegal al vulnerar de forma flagrante el secreto profesional, reconocido en el artículo 20.1.d de la Constitución Española, a pesar de que esta contaba con el visto bueno de la Fiscalía.

Este es uno de los sonados casos de vulneración de este derecho constitucional. Organizaciones profesionales y sindicales llevan años demandando una regulación que ofrezca más garantías jurídicas en esta materia. Esta semana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado la intención del Gobierno de que en los próximos meses entre en vigor una nueva normativa para regular de forma más amplia este derecho.

El ministro indicó que le parece “muy razonable” la reivindicación del sector de que no revelar las fuentes sea un derecho, “con excepciones muy tasadas y muy específicas” y que no pueda quedar “al albur, como en la legislación anterior”.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), las Agrupaciones de Periodistas de CCOO y UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) aplauden esta decisión y recuerdan que significaría poner punto final a más de 43 años de espera.

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados también se muestran a favor de aprobar una nueva regulación, según los mencionados sindicatos, que han mantenido reuniones con las distintas formaciones. Antes de que se agote la legislatura, el Gobierno tendrá que remitir al Parlamento el proyecto de ley.