El Juez de Instrucción nº 29 de Madrid ha citado a declarar en calidad de imputados a Antonio Caño, director de El País, y a la periodista Rosario García Gómez, como consecuencia de la querella presentada por Mediapro por las informaciones publicadas el diario de Prisa que vinculaban a Jaume Roures con cuentas bancarias en paraísos fiscales.
El Juez ha admitido a trámite la querella al constatar que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de injurias, calumnias y uso de documento falso para perjudicar a Jaume Roures. La declaración como imputados del director de El País y de Rosario García Gómez está prevista para el próximo 10 de noviembre.
Como respuesta a su citación, Antonio Caño ha remitido al Juez un recurso para ser excluido de la querella «al no ser el autor de la información» y amparándose en la «responsabilidad en cascada o escalonada». MEDIAPRO se ha opuesto al recurso al considerar que Antonio Caño, como director de El País «es el encargado de controlar el contenido de sus publicaciones, y quien tiene el dominio de su difusión, por lo que él decide qué noticias se publican en su diario, siendo por lo tanto coautor del presunto delito de calumnias denunciado».
Los hechos se remontan al pasado 14 de diciembre, cuando El País, en portada y en páginas interiores, publicó una información titulada «Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales«.
«Pese a las repetidas peticiones por parte de Mediapro para que El País hiciera públicos los documentos que avalaban la información o, en caso contrario, se retractará públicamente hasta este momento el periódico no ha aportado ninguna documentación que autentifique los datos publicados», según explica la compañía de Roures en un comunicado.
El Juez ha admitido también la prueba documental solicitada por Mediapro por la que se requiere a la Delegación de Hacienda de Catalunya para que remita la documentación que El País le envió ante sus requerimientos.
De forma paralela, Mediapro ha presentado recurso contra la desestimación, en primera instancia, de su demanda de rectificación. Y es que el pasado mes de agosto el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Barcelona desestimó íntegramente la demanda interpuesta por Roures contra El País y su director, Antonio Caño, en la que solicitaba el derecho de rectificación por el reportaje. En ese caso, el juez desestimó la petición de Roures porque el productor no probó la inexactitud de los datos que aportó en el reportaje el diario de Prisa y, además, negó que esa pieza periodística le hubiera podido causar un perjuicio al demandante.
En concreto, la sentencia afirmaba que los demandantes “pretenden negar de una forma genérica todos los datos que se contienen en el artículo, sin aportar ninguna prueba, ni de forma directa ni indirecta, sobe los hechos que son objeto de debate”.
Además, la jueza subrayó que “la solvencia económica de una empresa incluso después de haber estado en concurso, hace años, no debería ser considerada como un dato perjudicial para la misma“.
La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) también terció en este asunto y emitió en julio una resolución sobre la polémica entre Roures y El País. Si bien esta asociación concluyó que en el artículo del diario de Prisa “predomina su carácter informativo y puede ser incluido en el llamado periodismo de investigación”; afeó al rotativo que no cumpliera con el derecho de rectificación de Roures, que envió un escrito al periódico el 19 de diciembre.
