Roures pierde su primer asalto legal contra El País

El Juzgado de Primera Instancia número 28 de Barcelona ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por Jaume Roures contra El País y su director, Antonio Caño, en la que solicitaba el derecho de rectificación por el reportaje fechado el 14 de diciembre de 2014 que atribuía al directivo de Mediapro la posesión de 250 millones de euros en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales.

El juez desestima la petición de Roures porque el productor no prueba la inexactitud de los datos que aportó en el reportaje el diario de Prisa y, además, niega que esa pieza periodística le hubiera podido causar un perjuicio al demandante.

En concreto, la sentencia afirma que los demandantes “pretenden negar de una forma genérica todos los datos que se contienen en el artículo, sin aportar ninguna prueba, ni de forma directa ni indirecta, sobe los hechos que son objeto de debate”.

Además, la jueza subraya que «la solvencia económica de una empresa incluso después de haber estado en concurso, hace años, no debería ser considerada como un dato perjudicial para la misma«.

Esta decisión judicial contrasta con la resolución de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) que emitió sobre la polémica entre Roures y El País. Si bien esta asociación concluyó que en el artículo del diario de Prisa “predomina su carácter informativo y puede ser incluido en el llamado periodismo de investigación»; afeó al rotativo que no cumpliera con el derecho de rectificación de Roures, que envió un escrito al periódico el 19 de diciembre.

La batalla legal entre el productor y El País no ha hecho más que empezar. Roures puede recurrir la sentencia antes del Juzgado de Primera Instancia número 28 de Barcelona, cuya titular es Nuria Alonso.

En paralelo a este proceso, Roures ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid contra El País, Antonio Caño y Rosario García Gómez, autora de la polémica información. Decisión que se produjo tras finalizar sin acuerdo el acto de conciliación que demandante y demandado celebraron el pasado 11 de junio.