La FAPE se posiciona a favor de El País en su polémica con Jaume Roures

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) concluye que en la noticia de El País del 14 de diciembre de 2014 que atribuía a Jaume Roures la posesión de 250 millones de euros en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales «predomina su carácter informativo y puede ser incluido en el llamado periodismo de investigación que tantos efectos beneficiosos ha producido para la purificación de la sociedad en nuestro tiempo».

Además, -indica la resolución 2015/112– la FAPE considera importante que «la autora de la información, Rosario García Gómez, solicitó previamente la versión de los protagonistas, que se abstuvieron de manifestarse al respecto».

En conclusión, la FAPE determina que el «reportaje aparece respaldado por fuentes adecuadas, sin que esta conclusión signifique dar por cierto o verdadero su contenido informativo, que la Comisión se abstiene de valorar, pero sí que se ha producido con respeto a la “veracidad” exigida constitucionalmente».

Aunque, eso sí, la Federación da un pequeño tirón de orejas al diario de Prisa, al señalar que el El País «negó a Mediapro el derecho de réplica que había solicitado en tiempo y forma mediante el escrito de 19 de diciembre de 2014 en los estrictos términos establecidos por la Ley Orgánica 2/1984 e incumpliendo el Código Deontológico de la FAPE».

Esta resolución de la FAPE se produce en paralelo a la querella que presentó Mediapro contra El País, Antonio Caño y Rosario García Gómez tras la publicación de la polémica noticia. 

En esa querella, Mediapro acusa a El País de no haber aportado ninguna documentación que autentifique los datos publicados. En el juicio por la demanda de rectificación, celebrado en Barcelona el pasado 27 de febrero, El País únicamente aportó un informe sobre la situación financiera de Jaume Roures, que, según la productora, está lleno de “burdos errores”:

– El “informe” reconoce que Jaume Roures no es titular único de ninguna de las supuestas cuentas.

– El “informe” aporta datos sobre 149 cuentas en 30 entidades financieras. Ni Jaume Roures ni Mediapro tienen cuentas en 13 de estas entidades y no tienen ninguna relación con 58 de las cuentas citadas. Entre los países en los que ni Jaume Roures ni Mediapro tienen ninguna cuenta o actividad financiera ni tampoco empresarial se encuentran Islas Caimán, Suiza, Liechtenstein, Gibraltar o San Marino, los paraísos fiscales citados por El País en su información y también Australia, Canadá, Dinamarca, China, Holanda, India, Luxemburgo, Rumanía. Además, ni Jaume Roures ni Mediapro poseen cuentas en entidades como ANZ Bank New Zealand, Banca di San Marino, Goldman Sachs, Lloyds TBS, Canada Trust Bank, Dubai Islamic Bank, UBS AG, SNS Bank o The Bank of The New York Mellon, entre otros.

– De las 109 empresas que el “informe” vincula directamente con Jaume Roures, 57 contienen errores, de ellas ni Jaume Roures ni Mediapro tienen ninguna relación con 34 empresas, ni directa ni indirectamente.

– Según El País, Jaume Roures y Mediapro eran titulares de 150 cuentas en entidades financieras, cuando en realidadla actividad del Grupo requiere el uso de 266 cuentas en distintas entidades financieras.

– Las cantidades atribuidas a Jaume Roures o Mediapro en el “informe” tampoco se corresponden con la realidad.

– Finalmente, también es errónea la información sobre las películas producidas por Jaume Roures, 12 según el “informe”, más de 50 en la realidad fácilmente contrastable en la web oficial del Grupo.

– En síntesis, el único apartado del “informe” que no contiene errores es el de los datos referidos al nombre de Jaume Roures, el año de su nacimiento y su nacionalidad.

“La falta de credibilidad de la única documentación aportada por El País y su negativa a rectificar públicamente las falsas informaciones publicadas no hacen más que dar solidez a la postura de Mediapro de proseguir con las tres vías abiertas: querella criminal por un delito de injurias, calumnias y falsedad documental, demanda de rectificación y queja ante la Comisión Deontológica de la Federación de Asociaciones de Prensa de España”, concluye Mediapro.