El Tribunal General de la Unión Europea ha dado la razón a Meta y TikTok en su demanda contra la Comisión Europea por imponerles el pago del 0,05% de sus ingresos anuales globales para cubrir el coste de monitorizar el cumplimiento de la Directiva de Servicios Digitales (DSA). Esta decisión implica que el Ejecutivo tendrá que recalcular su metodología en los próximos 12 meses, pero las compañías no recibirán el dinero pagado en 2023.
Lo que ha quedado invalidado es el cálculo del pago en base al número promedio de usuarios mensuales activos y la declaración de beneficios o pérdidas frente al año anterior. Tanto Meta como TikTok protestaron en su momento por considerar que este método derivaba en cantidades desproporcionadas y por ello llevaron el asunto ante la Justicia europea.
A pesar de la decisión en contra, la Comisión Europea considera que el tribunal solo «requiere una corrección puramente formal en el procedimiento», según indicó un portavoz en declaraciones recogidas por Reuters. Ese cambio se basa en adoptar una regulación delegada, de acuerdo con lo establecido por la DSA, de cara a formalizar el esquema.
Las compañías concernidas han celebrado el fallo, y un portavoz de Meta ha concretado los problemas que la llevaron a acudir a la Justicia: «Actualmente, las compañías que registran pérdidas no tienen que pagar aunque tengan una gran base de usuarios o representen una carga regulatoria mayor, dejando a otras que paguen una parte más grande y desproporcionada del total«.
Además de a las dos demandantes, ese marco legal afecta a Amazon, Apple, Google, Microsoft o X. Estas y otras compañías acreditan al menos 45 millones de usuarios mensuales activos en la zona comunitaria, lo que supone un 10% de toda la población del bloque, y tienen que hacer frente a esos costes desde el 29 de junio de 2023.
Según la regulación aneja que especifica esas obligaciones, los importes en cada caso se calculan en base al siguiente proceso: primero se realiza la estimación general de costes de supervisión para el año siguiente; después se utiliza la documentación financiera de cada servicio para calcular el límite máximo que debe pagar; luego se informa a cada uno de ellos del importe provisional y se les da dos semanas para hacer observaciones; por último, se fija la cifra definitiva.
