Organizaciones de periodistas reclaman fijar criterios objetivos para el reparto de publicidad institucional
Colegios y asociaciones de periodistas salen en tromba contra los criterios heterogéneos que, a su juicio, adoptan las distintas administraciones públicas para repartir la publicidad institucional. Estas organizaciones reclaman a los distintos gobiernos —central, regionales y locales— mayor transparencia y objetividad en los criterios de distribución.
Exigen suprimir pautas estrictamente ideológicas que, en su opinión, merman la libertad de prensa, y la opacidad, teniendo en cuenta que las únicas administraciones que actualmente publican información sobre este codiciado reparto son las autonómicas madrileñas, catalanas, valencianas o los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, entre otros escasos ejemplos.
Desde el Colegio Vasco de Periodistas, su decana Amaia Goikoetxea explica a este medio que el gremio de periodistas debería habilitar una autorregulación en esta materia para que los gobiernos cumplan sus directrices. «Las autoridades deben tomarse más en serio el periodismo y cumplir criterios transparentes, claros e independientes. El reparto de publicidad institucional ha sido hasta ahora un tejemaneje brutal. No puede ser que un servicio público dependa de criterios partidistas. Este sistema se ha echado a perder», lamenta.
Esta semana ha entrado en vigor el reglamento europeo que exige a los gobiernos que respeten principios objetivos en publicidad institucional.
Los periodistas colegiados de Cantabria se reunieron el pasado sábado en la asamblea, donde concluyeron que existen varios «pseudomedios», financiados con fondos públicos que contribuyen a la desinformación. Su decana Olga Agüero considera «urgente» adoptar medidas para garantizar un reparto equitativo, transparente y objetivo. A esta petición también se suman sus colegas de Galicia, que echan en falta un modelo de ayudas y publicidad institucional capaz de asegurar la integridad y libertad del periodismo, que no promueva «agendas particulares».
El presidente de la principal asociación de profesionales en Valencia, Unió de Periodistes Valencians, indica que están investigando «si en la Comunitat Valenciana se está dando desde el cambio de Gobierno dinero público para subvencionar a medios de comunicación que se dedican a emitir bulos», y respalda que «los sistemas de contratación de publicidad institucional sean más transparentes y objetivos«.
Determinar criterios objetivos
La objetividad es uno de los principios más implorados por los periodistas en el reparto de publicidad, aunque el decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, José Antonio Barrera —también firmante de esta demanda sectorial—, se pregunta cómo se pueden delimitar esos parámetros objetivos. «¿Son los medios que acumulan más tráfico los que hacen periodismo de más calidad? ¿Son los que tienen un muro de pago? Queremos que las administraciones premien a los medios de periodismo de calidad, pero, ¿cómo medimos exactamente la calidad periodística?». Barrera puntualiza que deben tenerse en cuenta «no sólo criterios objetivos«.
La Administración pública española, que acumula sonadas críticas en esta materia, está destinada a mover ficha por imperativo legal. Esta semana ha entrado en vigor el reglamento europeo de medios de comunicación, que deberán aplicar los países como máximo hasta agosto del año que viene, que además de obligar a los medios a publicar el listado de sus propietarios, exigirá a los gobiernos a respetar una serie de principios en la asignación de fondos públicos para la publicidad institucional.
Deben ser «criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público de antemano por medios electrónicos y fáciles de usar, mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios”, señala el reglamento. “La asignación opaca y sesgada de dichos fondos», añade, «es un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación, de captación de los prestadores de servicios de medios de comunicación o de subvención o financiación encubierta de dichos prestadores de servicios para adquirir una ventaja política o comercial injusta o una cobertura favorable”.
En Moncloa, el reparto de publicidad institucional compete a José Manuel Nevado, director de Comunicación Institucional del Gobierno, área creada este año con su llegada.
