RTVE, la publicidad institucional y el nuevo dividendo digital, entre los retos del nuevo Gobierno

| 7 NOVIEMBRE 2016

Desvelada la composición del nuevo equipo de Gobierno, la primera tarea que deberán afrontar sus miembros es la de poner al día la actividad de su agenda. Esto supone abordar con mayor o menor diligencia aquellas cuestiones que, por falta de competencias del Ejecutivo en funciones, permanecen aparcadas desde hace más de diez meses.

El hecho de mantener el núcleo económico del anterior Gobierno y realizar algunos retoques en torno a esta competencia deja claro que la economía seguirá figurando como la principal preocupación del Ejecutivo en esta legislatura. No en vano, hay otras cuestiones que demandan ser planteadas  y que tienen que ver con la materia audiovisual y publicitaria. Y es que la parálisis derivada de los más de 300 días sin Gobierno afecta tanto a Radio Televisión Española (RTVE) como a la publicidad institucional.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la elección de Iñigo Méndez de Vigo como nuevo portavoz del Gobierno, en sustitución de Soraya Sáenz de Santamaría. Esto supone que la vicepresidenta abandonará la brega con los medios de comunicación en favor del actual ministro de Educación, Cultura y Deporte. Tal y como informaba el BOE el pasado viernes, «la Secretaría de Estado de Comunicación depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y funcionalmente del Ministro que asuma las funciones de Portavoz del Gobierno, a los efectos del ejercicio de las mismas».

Fuentes internas de RTVE explican que el Gobierno podría alcanzar un acuerdo con Ciudadanos y PSOE en las próximas semanas en torno a la renovación del presidente y el consejo

Un ejemplo del carácter continuista remarcado por Mariano Rajoy radica en su decisión de aumentar las competencias de Luis de Guindos, quien además de Economía también dirigirá Industria. Entre sus principales retos al frente de esta última cartera podrían encontrarse la responsabilidad de abordar la nueva reordenación del dividendo digital y la estrategia a seguir en RTVE, si bien es posible que decida relegar estas decisiones en los Secretarios de Estados que dependan de él o en el recién creado Ministerio de Agenda Digital. De estas dos cuestiones, quizás la más alarmante sea la situación de la corporación, aquejada de un modelo de financiación insuficiente y de una estructura desajustada, tal y como denunciaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria del 95,7% de las acciones.

Pero, antes incluso que el debate sobre si una hipotética vuelta a la publicidad permitiría a RTVE recuperar la autosuficiencia económica, dado que hoy en día depende de la asignación que recibe del Estado y de las aportaciones de los operadores privados, está la sucesión de José Antonio Sánchez. En la corporación se comenta desde hace tiempo que su presidente lleva meses aguardando la formación de un nuevo Gobierno para abandonar el cargo. De la voluntad política y de consenso de los cuatro partidos con mayor representación en el Congreso dependerá que la renovación de la presidencia y el consejo de la cadena pública se haga antes o después.

No obstante, fuentes internas de RTVE informan de que el Gobierno podría cerrar un acuerdo en las próximas semanas con Ciudadanos y el PSOE para elegir en consenso al nuevo presidente. Se trata de una decisión que se tomaría sin tener en cuenta a Podemos y que permitiría optar por un hombre de mayor consenso y con menor carga política. Pero, aunque siguen sin despejarse los nombres propios que podrían optar a este cargo, estas mismas fuentes aseguran que el candidato final todavía no figura en las quinielas. Así pues, esta fórmula dejaría sin opciones a Eladio Jareño, director de TVE, y Enrique Alejo, que son quienes más han sonado por el momento. En una situación parecida se encontraría el presidente de la agencia EFE. José Antonio Vera también estaría contando los días para abandonar la gestión de la agencia estatal, cuya situación económica es cada vez más débil.

Una vez solucionada la renovación en el órgano de gobierno de RTVE, donde cuatro representantes del consejo tienen caducado su mandato desde hace cuatro años, queda abordar la cuestión de la financiación y de la estrategia a seguir en los próximos años. En este sentido, la SEPI ya informó en verano de la falta de competencia que atraviesa la cadena pública como consecuencia de un modelo que “continúa planteando serias dificultades debido a su inestabilidad y a su indefinición y falta de transparencia en cuanto a la determinación de los ingresos, lo que no permite adoptar decisiones operativas a largo plazo”. Pese a las criticas efectuadas por el organismo dependiente de Hacienda, la vuelta a la publicidad no sería nada fácil, toda vez que las cadenas privadas se opondrían y tratarían de evitar el pago de la tasa radioeléctrica a RTVE.

Por otro lado, hace algo más de un año el Gobierno apuró los plazos en la adjudicación de las seis licencias de TDT sacadas a concurso al distribuirlas al filo del final de la legislatura. Ahora deberá afrontar la segunda ordenación anunciada por Bruselas, la cual permitirá ocupar la tecnología 4G. Este segundo dividendo digital del espectro radioeléctrico deberá acometerse en 2020, aunque en esta ocasión no recaerá en Industria sino en Agenda Digital, el nuevo ministerio creado y que tiene a Álvaro Nadal al frente. Pero, si bien este proceso conlleva una nueva resintonización de las antenas, no parece que pueda suponer la convocatoria de un nuevo concurso de TDT, a la vista de que resultado del último proceso de adjudicación no es precisamente el esperado.

Reactivar el acuerdo marco

La plenitud de funciones lleva aparejada la reactivación de la publicidad institucional de la Administración General del Estado, paralizada desde hace unos meses por el Ministerio de Hacienda como consecuencia de la dilatación de un Gobierno en funciones. Y es que desde el 19 de julio de este año no se adjudica ningún contrato basado en el acuerdo marco 50/2014. Como ya se informó en este digital, el último de ellos hacía referencia a una campaña del Ministerio de Sanidad sobre la sensibilización contra la violencia de las mujeres, cuyo importe ascendía a 2,3 millones de euros.

Esta situación ha llevado a que hasta el mes de octubre tan solo se había adjudicado seis contratos publicitarios, cuyo importe sumaba 17,4 millones de euros en totalCifra muy alejada de los 37,7 millones de euros destinados a 54 campañas institucionales que se ejecutaron el año pasado. No hay que olvidar que Hacienda debe actuar de manera inminente sobre el acuerdo marco de la publicidad institucional, puesto que el actual expira a finales de este mes, el 26 de noviembre.