Los lobistas profesionales defienden la transparencia del sector ante los Uber Files
El ejercicio del lobby ha estado en el centro de la polémica esta semana con motivo de la reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los Uber Files. Según este trabajo periodístico, la multinacional hizo lobby en las más altas esferas políticas, económicas y mediáticas. De acuerdo con las informaciones publicadas en medios como El País, Uber «cortejó a primeros ministros, presidentes, multimillonarios, oligarcas y magnates de los medios de comunicación». Todo ello para poder operar a toda costa en más de 30 países, aunque no fuera legal su actividad en muchos de ellos.
Ante este descrédito de la profesión, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha querido dejar claro que el lobby profesional se ejerce en España «desde la ética, transparencia y profesionalidad en España», que «beneficia a la elaboración de políticas públicas«.
Según esta asociación, el lobby es una actividad «ampliamente consolidada y respaldada» por los poderes públicos. Los lobistas profesionales desempeñan un «papel fundamental» en el sistema democrático, ya que ayudan a los poderes públicos, a comprender y entender las necesidades reales de las organizaciones de todo tipo, especialmente ante inminentes cambios regulatorios con el objeto de mejorarlos; según aclaran desde APRI a través de un comunicado.
Desde APRI defienden tanto el derecho de todas las empresas y organizaciones de participar en las políticas públicas que les afectan, como la obligación de los poderes públicos de establecer las normas para que esta participación sea transparente.
Regulación
En España -aseguran desde la asociación- «hemos logrado alcanzar importantes avances en la profesionalización y autorregulación del lobby«. En APRI destacan que la gran mayoría de las organizaciones han incorporado en sus normas de control interno sus políticas de lobby o relaciones institucionales, en las que asumen el principio de respeto a la legalidad y los principios de integridad y transparencia de aplicación a todas las interlocuciones de la organización con las autoridades, funcionarios públicos y partidos políticos.
Además, ante la ausencia de una regulación, APRI cuenta con un código de autorregulación de la actividad que firman todos sus asociados. Sin embargo, España carece de un marco regulatorio de referencia nacional, pese a que hay Comunidades Autónomas que han avanzado en el asunto.
Precisamente, uno de los objetivos de APRI es mejorar las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos a través de una regulación de la actividad del lobby. Ha habido varios intentos en las sucesivas legislaturas, pero no han llegado a materializarse por la falta de voluntad política.
En este aspecto, actualmente hay dos iniciativas en marcha, un Anteproyecto de Ley de regulación de los grupos de interés en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y una toma en consideración aprobada en el Congreso para la reforma del reglamento con el objeto de regular los lobbies, cuya aprobación se espera que se produzca antes de que acabe la legislatura en curso.
