Mauricio Fernández: Medios adictos a la ‘paguita institucional’ y año ‘súper-electoral’

Hace unos días, DIRCOMFIDENCIAL se hacía eco de un dato que ya no es sorprendente, pero sí sigue siendo apabullante y extremadamente preocupante: 1.412 millones de euros anuales de inversión institucional, según un informe de La FEDE, la entidad que agrupa a las agencias publicitarias. La cifra es impresionante, tanto por su importancia respecto a las compañías que se reparten ese montante como por su enorme diferencia respecto a los presupuestos publicitarios de las principales empresas españolas (si lo comparamos con las medias del Ibex, las ratios dan muestran su relevancia y consiguiente dependencia asustan a cualquiera).

La realidad supera a la ficción y ahora ya los principales anunciantes del país no son los L’Oreal, Orange, Proter & Gamble, El Corte Inglés o Telefónica, sino el Estado y todos sus organismos dependientes, a los que hay que sumar la publicidad correspondiente a comunidades autónomas, ayuntamientos y varios.

Descendiendo todavía más al dato, más de 250 millones de euros van a parar todos los meses a diferentes medios de comunicación, en muchas ocasiones sin ningún tipo de control y con sobrecostes fuera de toda lógica en función de su audiencia. Con campañas que incluso han sido cobradas con precios diez veces por encima del valor del mercado. El Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se han convertido en una maquinaria de comunicación sin igual que “invierten” en los medios como no lo habían hecho nunca antes. Como muy bien dijo una vez la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, “el dinero público no es de nadie”.

Y como desmesura publicitaria ha venido para quedarse porque los dirigentes públicos han encontrado en la publicidad a sus mejores dircom y en los medios de comunicación a sus más valiosos aliados viendo los tiempos que corren y la penuria generalizada que viven casi todos ellos.

Y todo esto sería un paso más en la evolución de nuestra cada vez más complicada sociedad, si no fuera porque por ejemplo la trazabilidad de ese dinero, como apuntamos, es más que difícil y cuestionable. Como muestra, un dato: más de un tercio de ese dinero no procede directamente de una administración pública, sino del presupuesto de marketing de empresas públicas, 540 millones de euros.

Ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado reparten más de 1.400 millones de euros a una prensa muy necesitada de ingresos. Mientras, la Unión Europea, unos raquíticos 16 millones de euros, a pesar de su enorme capacidad inversora y relevancia no solo en nuestra economía y regulación, sino incluso en nuestra vida diaria. ¿La más que posible razón? A los políticos de Bruselas les queda muy lejos la influencia que todos queremos atribuir a la comunicación en sus distintos canales… y minimiza su posible interés por congratularse con los medios, por muy grandes y poderosos que estos afirmen ser.

«El Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se han convertido en una maquinaria de comunicación sin igual que ‘invierten’ en los medios como no lo habían hecho nunca antes».

El debate viene ya de hace décadas pero, lejos de ser algo del pasado, es un problema cada vez más relevante de la actualidad de la comunicación y que afecta muy directamente tanto a la libertad de opinión de los medios y sus profesionales como, sobre todo, a la sociedad, que se ve directamente afectada por esa clara herramienta de control y sometimiento de los Gobiernos a su cada vez más acuciada prensa.

El tema podría quedar en una anécdota si no fuera por el precedente que hemos vivido estos años en Cataluña, que llevó al sometimiento de editores supuestamente grandes de España, la creación de un universo digital que montó artificialmente la falsa esperanza de un país y un No-Do audiovisual con todos los recursos que hicieran falta. Al final, el tiempo ha puesto esa gigantesca fake news en su escenario real, pero el daño institucional y social es descomunal y aún se tardarán muchos años en restañarse las heridas y los daños a la economía y ciudadanos catalanes.

Pero no hace falta irse a la Generalitat: basta mirar las adjudicaciones de campañas del Gobierno de Sánchez y sus empresas para ver que Ferraz sigue considerando clave el control de los medios donde más lo necesitan… y si uno es lector de prensa escrita y digital y espectador u oyente de informativos y programas de televisión y radio, ve que su dominio es aplastante. Solo echen un ojo estos días a los anuncios que acompañan a los partidos del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Quien no se haya enterado que tenemos la mejor compañía estatal ferroviaria del mundo, Renfe, es sencillamente porque no le gusta el deporte rey.

Es evidente -y no nuevo, para qué engañarnos- que el apoyo financiero institucional cobra especial importancia en un año súper-electoral, con comicios locales, autonómicos y, tras la presidencia española de Europa por el turno rotatorio, las nacionales, en las que seguirá intentando colonizar de mensajes institucionales a todos los medios de comunicación. Y precisamente ahí serán más necesarios que nunca unos medios de comunicación libres e independientes, o seguiremos perdiendo a marchas forzadas la credibilidad de nuestro sector, nuestra profesión y, por supuesto, nuestra propia democracia.