Canadá demanda a Google por prácticas anticompetencia en publicidad digital y pide su segregación forzosa
Competition Bureau, la agencia antimonopolio de Canadá, acaba de presentar una demanda contra Google en el Tribunal de Competencia en la que solicita que se le obligue a vender su servidor de anuncios para editores DFP y su herramienta de intercambio de campañas AdX.
Según el organismo, que además pide una multa del 3% de los ingresos globales de la compañía, esas medidas son necesarias para restaurar competencia en el ámbito de la publicidad digital.
En concreto, señala que «el control casi total de Google de la tecnología publicitaria es una función de diseño y conducta premeditados, en lugar de un rendimiento competitivo superior o casualidad».
Esta conclusión corona una investigación iniciada en 2020 para discernir si el gigante tecnológico estaba bloqueando el paso a competidores, con el resultado de precios más altos y opciones reducidas.
Ahora, Google tiene 45 días para presentar su respuesta ante el Tribunal de Competencia, que evaluará el caso como responsable federal de las acciones en torno a la legislación antimonopolio del Canadá.
Su vicepresidente de publicidad global, Dan Taylor, ya ha señalado que la causa «ignora la intensa competencia en la que los compradores y vendedores de anuncios tienen muchas opciones».
El organismo demandante no solo no comparte ese diagnóstico, también señala que Google pierde a veces intencionalmente dinero en su operativa comercial para perjudicar a sus competidores.
Sostiene además que esa compañía es propietaria de cuatro de los servicios de tecnología publicitaria más grandes del país, y controla entre el 40% y el 90% de sus respectivas cuotas de mercado.
En base a ese predominio estaría involucrada alrededor de 200.000 millones de ventas de campañas publicitarias cada año en ese país.
La autoridad antimonopolio pide que se le obligue a vender tanto su servidor publicitario DFP como su entorno de intercambio de campañas AdX.
En el centro de la demanda está la vinculación entre los diferentes productos de tecnología publicitaria de Google y el efecto de bloqueo que eso ha tenido sobre competidores. Eso a su vez habría provocado escasez de competencia, con precios más elevados para anunciantes y peores condiciones para los editores, y además habría bloqueado la innovación en ese ámbito.
Ese escenario es muy similar al que planteó el Departamento de Justicia del Gobierno de EEUU, que demandó al gigante tecnológico en enero del año pasado por los mismos motivos. Ese proceso, que acaba de quedar visto para sentencia, es el segundo abierto contra Google por parte de ese demandante. Google perdió el primero y fue considerado monopolio en búsquedas por el juez Amir Mehta, que está evaluando las medidas que le va a imponer para restaurar la competencia.
