La autoridad italiana que vela por la competencia y los derechos de los consumidores acaba de anunciar una investigación sobre Google.
Quiere comprobar sus sospechas sobre eventuales prácticas ilegales del gigante tecnológico para conseguir que sus usuarios den permiso para vincular su actividad en sus diferentes servicios, lo que le ayuda a mejorar su segmentación comercial.
Como uno de los denominados gatekeepers en aplicación de la Directiva de Mercados Digitales (DMA), Google está obligado a preguntar a quienes utilizan varios de sus productos si consienten en que los datos derivados de ese uso puedan agruparse con motivos publicitarios. Y sobre ello, el regulador italiano considera que esa petición «puede constituir una práctica comercial engañosa y agresiva», según su comunicado.
En ese anuncio de apertura de investigación hace notar su preocupación sobre la presunta insuficiencia de explicaciones que ofrece la compañía para que quienes usan sus servicios tomen una decisión libre e informada. Y cuando las da lo hace de forma «inadecuada e imprecisa», de forma que no es transparente sobre el «efecto real» para los usuarios una vez dan permiso para vincular sus cuentas en distintos productos de Google.
Todo ello constituiría un incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, que detalla claramente que el consentimiento debe ser «dado libremente, específico, informado e inequívoco». En esa regulación se indica además que la petición debe ser presentada «de forma que sea claramente distinguible de otros asuntos, en una forma inteligible y fácilmente accesible, usando lenguaje claro y plano».
La autoridad italiana de la competencia sospecha que la información que el gigante ofrece para vincular servicios es inadecuada.
Esta investigación se desarrollará en paralelo a otra que la Comisión Europea abrió a Google en marzo, también por sospechas de incumplimiento de la DMA. Pero lo novedoso en el caso italiano es que utiliza ese marco legal en combinación con el RGPD para evaluar la forma en la que la compañía consigue el consentimiento de sus usuarios, algo que el Ejecutivo comunitario no tiene en cuenta en su proceso.
Lo que preocupa a la Comisión es saber si el gigante tecnológico está respetando los compromisos a los que le obliga la ley en aspectos como las posibles dinámicas de autopreferencia en búsquedas o el bloqueo de alternativas a los usuarios en su tienda de aplicaciones. Esto último es clave para Meta, que planea competir con su propio entorno de descargas en Google Play y App Store de Apple.
