La cuestión tecnológica marca el inicio de la política económica de Biden

| 11 ENERO 2021 | ACTUALIZADO: 12 ENERO 2021 9:00

La agenda económica de Joe Biden contempla una regulación más estricta para las compañías tecnológicas. Ante el nuevo presidente electo de los Estados Unidos se abre el reto de aumentar los impuestos en el sector que ha demostrado un mayor impulso durante la pandemia y ejercer un mayor escrutinio sobre los distintos agentes.

Empresas como Alphabet (Google), Apple y Facebook se exponen a un mayor cerco impositivo, como es el caso de la tasa digital del 3% impuesta por el gobierno francés. Aunque todavía no se ha activado, el asunto deberá ser resuelto por la administración Biden, que planea adoptar una postura mucho más firme sobre la regulación y el tratamiento antimonopoio de las grandes tecnológicas.

Cabe recordar que Trump respondió al impuesto francés imponiendo aranceles por 1.300 millones de dólares en artículos de lujo galos de importación. Una política de palo y zanahora que hizo extensible a otros países con planes de aprobar una llamada ‘tasa Google’, entre ellos España. Y si bien todos los gravámenes quedaron en suspenso con la esperanza de poder llegar a una ccuerod fiscal global en 2021, corresponderá al gobierno de Biden tomar partido en esta cuestión.

Actualemtne Estados Unidos baraja establecer arancles contra Austria, Brasil, República Checa, la Unión Europea, India, Indonesia, Italia, España, Turquía y el Reino Unido. No obstante, en Washington existe una posición dividida entre quienes reclaman mano de hierro contra compañías que impiden la libre competencia y quienes abogan por respetar la libertad del mercado.

En este sentido, el subcomité antimonopolio del Congreso de EEUU publicó el pasado octubre las conclusiones de su investigación de 16 meses sobre las prácticas de los gigantes tecnológicos. Su principal conclusión es que hay que intervenir para evitar que sigan operando en condiciones lesivas para la competencia. Según las recomendaciones de este grupo, eso supondría adaptar la actual legislación y hacerla valer de manera más rigurosa, y además abriría la puerta a eventuales segregaciones de esas empresas.