Una investigación de ProPublica muestra la tensión entre privacidad y seguridad en WhatsApp
Los usuarios de WhatsApp esperan para sus conversaciones unas condiciones de privacidad que no necesariamente se están cumpliendo. Esa es la conclusión principal de la investigación realizada por ProPublica en torno al servicio de mensajería, que estaría monitorizando más contenido y compartiría más información personal con las autoridades de lo que podría parecer en un principio. Esa tensión inherente entre privacidad y seguridad vendría potenciada además por el interés de Facebook por rentabilizar los 22.000 millones invertidos en 2014 en la aplicación.
En ese contexto WhatsApp tiene más de 1.000 personas subcontratadas en Austin, Dublin y Singapur para revisar contenidos que son marcados como inapropiados por los usuarios. Pero esa solo sería una de las patas de una operación mayor en la que el servicio de mensajería niega la idea de que “modera” publicaciones, algo con lo que pretende evitar conflictos relacionados con libertad de expresión o la desinformación. No aparece rastro alguno de la actividad de esos trabajadores en los informes trimestrales de transparencia que publica Facebook, en los que sí se reflejan las cuentas que han sido apercibidas o sancionadas de alguna forma en la aplicación principal e Instagram.
Según los autores de la investigación, todo ello forma parte del debilitamiento progresivo de la seguridad de WhatsApp a partir de su compra por parte de Facebook en 2014. Desde la compañía se recuerda que en 2016 se generalizó en ese servicio el encriptado de punto a punto, que en principio hace que solo el emisor y el receptor de un mensaje puedan leerlo. Pero unos meses después la aplicación comunicó a sus usuarios que empezaría a compartir información con Facebook, contradiciendo el compromiso que Mark Zuckeberg había asumido dos años antes. Brian Acton y Jan Koum, cofundadores de WhatsApp, salieron de la red social entre 2017 y 2018 expresando abiertamente su malestar ante el giro de su creación.
El servicio de mensajería de Facebook comparte más información generada por los usuarios respecto a lo que se cuenta, en parte por la presión de autoridades.
Una de las claves que desvela el trabajo de ProPublica es el uso progresivo de los metadatos de las conversaciones por parte de Facebook. Un uso eficiente de esa información referente al contexto en el que se envía algo puede ser incluso más útil que el propio contenido de la conversación. Las peticiones de las autoridades para acceder a esa información no han dejado de crecer, especialmente por parte de las de EEUU, Reino Unido, Brasil e India, y no hay mayor detalle de las investigaciones en las que se usan.
Y eso es algo que en Europa puede tener multa. De hecho WhatsApp ha sido sancionado con 225 millones de euros por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en relación con la ausencia de transparencia con usuarios y no usuarios. Así que la puerta para que nuevas quejas referentes al tratamiento de datos lleguen a los tribunales sigue abierta.