El Gobierno activa un plan de acción contra la desinformación

Tal y como se esperaba, el Gobierno ha convertido la lucha contra la desinformación en un asunto de Estado. En el Consejo de Ministros de este viernes se ha aprobado la puesta en marcha de una unidad encargada de rastrear los bulos que circulan en Internet

El Ejecutivo ha elevado el nivel de consideración de este problema tras analizarlo con el Consejo de Seguridad Nacional. El protocolo activado incluye la detección de noticias falsas y la creación de un sistema para la identificación y desmentido de las mismas.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se «está trabajando en tener un sistema de alertas rápidas». En teoría, esto permitirá a los ciudadanos recibir, en «tiempos instantáneos», «una alerta de un desmentido para que sepan que esas noticias no son noticias fundamentadas ni la verdad».

«Hay una cantidad ingente de ciudadanos que se sienten preocupados por la circulación de falsas noticias», ha comentado Calvo sobre un fenómeno creciente que «impide el ejercicio profundo que representa el derecho de obtener información veraz».

La iniciativa se enmarca en el grupo de trabajo que coordina la Unión Europea en esta materia desde hace meses.

El Gobierno no dará estos primeros pasos en solitario, puesto que la iniciativa se enmarca en el grupo de trabajo que coordina la Unión Europea en esta materia desde hace meses. España participará en la coordinación de esta estrategia.

El reto no es en absoluto pequeño. De hecho, el problema de la manipulación informativa preocupa al 77,6% de los internautas de nuestro país, de acuerdo con el último informe de navegantes de Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

Como fuere, las medidas anunciadas marcan un claro punto de inflexión en la estrategia seguida hasta la fecha, en la que ante la falta de un protocolo de actuación se analizaba cada caso de forma particular. El blindaje aumentará a medida que se acerquen las elecciones general del próximo 28 de abril.

Sin ir más lejos, Interior contempla emplear a un centenar de miembros de la Policía y Guardia Civil en la “vigilancia y monitorización en las redes y sistemas de información” para detectar cualquier amenaza y actuar en consecuencia, según publicaba El País.