El Gobierno reivindica su sistema de actuación latente contra la «pandemia» desinformativa
El problema de la desinformación se ha revelado «especialmente peligroso y dañino» en el marco de la pandemia del Covid-19. Hasta el punto de que la difusión indiscriminada de mensajes adulterados, considerada un mal común al principio de la crisis sanitaria, haya pasado a ser vista como una «segunda pandemia». Un elemento contra el que es necesaria la intervención de Comisión Permanente contra la desinformación, según el Gobierno.
Esta es, al menos, la consideración a la que queda elevada esta problemática en un reciente informe del Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), que asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e Innovación en materias científicas relacionadas con el coronavirus y sus consecuencias futuras. En el estudio, dedicado a la desinformación sobre salud y ciencia, sostiene que «la difusión indiscriminada de mensajes deliberadamente adulterados se convierte en una segunda pandemia, que contribuye a amplificar los efectos nocivos del virus, pues promueve en la ciudadanía comportamientos alarmistas, irresponsables o, en cualquier caso, desinformados».
Cinco meses después de su creación no se ha vuelto a saber más de este procedimiento, coordinado directamente por Iván Redondo.
Como principal punto de actuación señala la importancia de activar sistemas de alerta temprana y respuesta rápida ante la desinformación. «Para eso, es recomendable poner en marcha sistemas que alerten con agilidad sobre la aparición de mensajes desinformativos en temas científicos y sanitarios». Aquí se incluyen organizaciones de verificación muy activas en los últimos tiempos, como son Maldita.es, Newtral, EFE Verifica o Verificat.
En esta línea, desde el GTM se destaca el papel activo de organismos públicos como la Comisión Permanente contra la Desinformación, que «proporcionan nuevos recursos al Estado para detectar con rapidez amenazas desinformativas».
Creada en noviembre de 2020 bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Comunicación y la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, esta unidad pretende combatir la llamada ‘infodemia’ para incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos», de acuerdo con la información publicada en su día por el BOE.
En otro ámbito de actuación, también busca fortalecer «la libertad de expresión, examinando el pluralismo de los medios de comunicación«, además de analizar «los medios que se utilizan para interferir en los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con el covid-19″.
Con todas estas acciones, dirigidas directamente por Iván Redondo, jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, «apoyarán el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública».
No obstante, la realidad es que cinco meses después no se ha vuelto a saber nada más en relación a este procedimiento, que establecía la posibilidad de activar una célula de Coordinación contra la desinformación, así como la adopción de medidas concretas por parte del Gobierno en caso de crisis.
Más cultura de transparencia pública
Tras determinar que la evolución de este fenómeno ha trascendido a los medios de comunicación, el GTM da por hecho que el foco se ha instalado en aquellos ámbitos donde se dirimen las disputas políticas y conversaciones sociales, como son las plataformas digitales. Y más concretamente, las redes sociales y aplicaciones de mensajería, «cuyas dinámicas de comunicación y ausencia de filtros informativos propician una diseminación masiva e inmediata de los contenidos falsos», apunta al respecto.
En segundo lugar, asegura que el contenido desinformativo contamina otras esferas más allá de la política. En este sentido, la pandemia está siendo un campo abonado para la difusión de bulos en el ámbito médico y sanitario, al igual que ya sucedió en el pasado con el cambio climático.
De cara a minimizar los efectos de este fenómeno, este órgano recomienda promover una cultura de transparencia desde las instituciones públicas y privadas. En España, uno de los últimos país europeos en activar una Ley de Transparencia, apenas existe una cultura respecto a la rendición de cuentas y la revelación de información pública de forma proactiva. «Suena a tautología, pero es así: una medida clave para prevenir la desinformación es compartir buena información. Y hacerlo de manera clara, completa, rápida y en formatos fácilmente editables», apunta al respecto.