Nueva vuelta de tuerca en el serial del proceso independentista. Mariano Rajoy anunció este sábado la decisión del Gobierno de incluir a los medios públicos de la Generalitat entre las áreas a intervenir en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
“Los medios públicos de comunicación, sus funciones que antes tenía la Generalitat, ahora pasan a tenerlas los nuevos gestores”, anunciaba el presidente del gobierno tras destacar el papel que está desempeñando TV3 en el procés. En las últimas semanas se ha señalado a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de actuar como altavoz del gobierno de Puigdemont.
En concreto, el Ejecutivo justifica su decisión en el artículo 26 de la Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña. Lo hace, según ha reconocido ante la Cámara Alta, «para garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía».
Está por vez todo que pasará tras un anuncio que ya ha puesto patas arriba TV3. Por lo pronto, el Consejo Profesional de la cadena se ha opuesto de forma frontal al calificar la medida de «ataque directo, indigno e impúdico a la libertad de expresión y de información». El colegio de periodistas de Cataluña y los trabajadores también se han sumado a la crítica de que «TV3 no se toca».
Queda cuestiona por tanto la continuidad de Vincent Sanchis y de Saül Gordillo al frente de TV3 y Catalunya Ràdio, respectivamente, amén de otros cargos públicos. Así lo han confirmado fuentes gubernamentales a medios como El País, al tiempo que descansa sobre la mesa la opción de controlar las cuentas de la corporación catalana, que cerró el 2016 con un déficit de 1,18 millones de euros.
