El Gobierno se muestra dispuesto a avanzar en la regulación del secreto profesional de los periodistas
El Gobierno se muestra abierto a escuchar a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y los grupos parlamentarios para avanzar en la regulación del secreto profesional de los periodistas.
El secreto profesional es un derecho reconocido expresamente en el artículo 20 de la Constitución y, pese a ello, no está regulado por una ley para la profesión periodística. 43 años después de la aprobación de la norma constitucional, esta cuestión parece estar vislumbrando sus primeros progresos, gracias a la FAPE y FOP -organizaciones que abarcan asociaciones, colegios profesionales y sindicatos-, que han iniciado una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para pedir que desarrollen dicha previsión.
La falta de regulación de esta materia ha permitido se investiguen judicialmente las fuentes en varios casos periodísticos, como la filtración de la sentencia del caso Rumasa, la publicación de los llamados papeles de Bárcenas, el máster de Cristina Cifuentes, el sumario de miembros de los Comités de Defensa de la República, el requisamiento por un juez de ordenadores y teléfonos a periodistas en medios de Baleares en el caso Cursach o la petición de las fuentes a quienes publicaron la relación de bienes del pazo de Meirás, entre otros.
El diputado del PNV Mikel Legarda ha planteado esta semana la cuestión al Gobierno, señalando que «su carencia afecta a la formación de una opinión pública libre y al interés individual de las personas que ejercen el periodismo, cuando son llamadas como testigos en un proceso penal para que desvelen sus fuentes, o cuando son investigadas, encausadas e incluso condenadas por falta de colaboración con la justicia o por un delito de revelación de secreto del mismo sumario».
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado su apoyo e indica que “si hay unidad en el Congreso sobre este tema y la mayoría de la profesión periodística considera necesaria esta ley, el Gobierno está dispuesto a trabajar para el desarrollo legislativo de este mandato constitucional. Entendemos que sin periodismo no hay democracia».
