La editora de TV3 contrata una terna de despachos para sus pleitos laborales

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) prefiere no dejar nada al azar en relación a su asesoramiento estratégico y jurídico. Sobre todo después de haber tenido que afrontar varios procedimientos legales de relevancia estos últimos años, como fueron la reclamación millonaria de Hacienda a cuenta del IVA o la demanda de Mediapro por la cancelación del programa Tarda Oberta.

La editora de TV3 y Catalunya Ràdio se ha preparado para contar con el asesoramiento adecuado en el caso de necesitarlo. Para ello sacó a concurso hace unos meses una licitación con el objeto de firmar un acuerdo marco con varias empresas del entorno legal. El valor estimado del contrato asciende a medio millón de euros, con impuestos.

Tras cumplir con la fase de convocatoria y evaluación de propuestas, la CCMA resolvió seleccionar tres despachos de abogados. Se trata del Bufete Vallbé, FJM Abogados, dos boutiques barcelonesas especializada en áreas como el derecho laboral y negociación colectiva; y el servicio legal de PWC.

Esta terna de firmas estarán a disposición de la corporación catalana para ser contratadas si fuera necesario enfrentar algún procedimiento. Principalmente en asuntos de materia laboral, si bien la empresa pública reconoce en el pliego que el servicio de defensa jurídica es de «carácter variable y eventual». Prueba de ello es que durante 2017 se iniciaron 52 expedientes contenciosos y en 2018, 29.

Demanda de los comités por la rebaja salarial del 5%

En concreto, el servicio consiste en la defensa y representación de la CCMA en juicio ante motivo de demandas, denuncias, reclamaciones, requerimientos o similares. A este respecto, uno de los asuntos principales que ocupa a estos proveedores es la demanda laboral interpuesta por los comités de los trabajadores de la televisión y la radio catalana a principios de febrero.

Reclaman la recuperación salarial del 5% que se redujo a todos los empleados públicos de la Generalitat en 2012, que en el caso de la plantilla de TV3 y Catalunya Ràdio se aplicó de forma voluntaria. Por esta razón, los sindicatos entienden que deben restablecerse las condiciones anteriores.

Aunque el proceso se encontraba en una situación preliminar antes de la paralización de la actividad judicial, desde la perspectiva de la CCMA deshacer esta medida tendría un impacto de 11,4 millones de euros. Un gastos de digestión complicada a la vista de sus últimos resultados anuales, que registran un cierre en equilibrio presupuestario pero a costa de haber recibido varias inyecciones durante el 2019. De hecho su cifra de negocio cayó un 1,6%, hasta los 57,9 millones de euros.