El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado imputar a 14 televisiones en el caso que investiga el supuesto fraude de La Rueda.
A través de esta trama se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos. Según consta en un auto, el magistrado les atribuye un delito de corrupción de los negocios cometido por medio de organización y/o grupo criminal.
Las televisiones investigadas son: Mediaset, Atresmedia, Canal Sur, TV Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radio Televisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, Radio Televisión Española, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radio Televisión de Castilla y León y la Televisión de Castilla-La Mancha.
‘La Rueda de las Televisiones’ se destapó con un operativo policial en 2017 para desarticular un sistema por el que varios socios de la SGAE habrían defraudado entre 2006 y 2011 unos 100 millones de euros. Todo ello mediante el registro fraudulento de obras musicales.
En esta causa se investiga el registro de supuestas modificaciones de obras originales libres de derechos de autor y obras de escasa o nula calidad puestas a nombre de terceros -en algunos casos ni siquiera eran músicos–. El objetivo era emitirlas como hilo musical en programas nocturnos de televisión y facturar por ello.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional inició este procedimiento tras recibir denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios individuales de la SGAE. Estos ponían en conocimiento la existencia de un grupo de socios de esta sociedad que desde hacía 10 años veían realizando actuaciones irregulares respecto al registro y modificación de obras musicales.
En síntesis, consistía en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales como si se tratarse de obras nuevas, sin variación alguna de la auténtica y original, en la mayor parte de los casos. En otros, se realizaban ligeras modificaciones respecto a la partitura original.
Esos registros, explica el juez, se realizaban bien a nombre de los denunciados o personas de su entorno o a nombre de sociedades creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor. Esa operativa la iniciaban los investigados mediante el contacto con jóvenes estudiantes de obras clásicas en conservatorios a quienes se les ofrecía aparecer en televisión interpretando alguna de esas obras.
Con posterioridad, los denunciados registraban la obra emitida en televisión como arreglo suyo «ya sea cambiando el título, ya sea realizando ligeros arreglos y cobran los derechos de autor devengados. Cuando en realidad la obra es la clásica original sin ningún tipo de variación».
20 millones de euros al año
Las cantidades aproximadas que estaría ingresando el grupo de investigados rondarían los 20 millones de euros anuales.
El instructor apunta que los investigados podrían estar actuando en connivencia con trabajadores de productoras de televisión. De tal manera que «abonarían a estas comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras».
Del mismo modo y para evitar ser detectados y aparecer siempre los mismos beneficiados cedían sus derechos de autor a familiares, cónyuges, hijos. O creando sociedades o productoras.
