EEUU pide información adicional a Omnicom e Interpublic sobre su fusión y arroja dudas sobre su viabilidad

La adquisición de Interpublic (IPG) por parte de Omnicom (OMG) puede dilatarse más de lo previsto o en último caso incluso frustrarse.

De momento, la Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC) acaba de solicitar por segunda vez información sobre la operación, lo que sugiere posibles problemas bajo la regulación antimonopolio estadounidense.

De hecho, los datos de la propia agencia gubernamental indican que una segunda petición de documentación antecede en un 75% de los casos al abandono de la fusión propuesta o a la reestructuración de su fórmula inicial. Sin embargo, FTC indica en su blog que se trata de «una parte estándar del proceso regulatorio».

Lo esperado en primera instancia por ambos conglomerados era que la fusión por absorción se produjera en la segunda mitad del año y por ahora Omnicom mantiene esa perspectiva.

Lo que está en juego es un acuerdo por valor de 13.000 millones de dólares que creará el mayor grupo publicitario del mundo por facturación por delante de WPP, tradicional líder venido a menos, y Publicis, que recientemente ha ocupado su lugar.

En todo caso, sobre esa operación planean dudas después de que The Wall Street Journal publicara que desde X se habían anticipado posibles problemas para su conclusión si IPG no le planificaba más dinero de sus clientes.

La influyente posición de su propietario, Elon Musk, en el Gobierno de EEUU y las posibles trabas que pueda impulsar desde ahí a la fusión también habrían asomado en conversaciones de la consejera delegada Linda Yaccarino con otros ejecutivos.

En tres de cada cuatro casos de nueva petición de documentación por parte de la Comisión Federal de Comercio las fusiones descarrilan o se reestructuran.

A eso se suma la posición contraria de Jim Jordan, presidente republicano del Comité Judicial del Senado, que lanzó en diciembre una investigación sobre las políticas de seguridad de marca de ambas compañías.

Según reveló The New York Post, en sendas cartas les ordenó mantener toda la documentación y contactos vinculados con la Federación Mundial de Anunciantes (WFA), a la que investigó previamente por promover presuntamente censura del discurso conservador.

Ese proceso sirvió de base precisamente para que Musk interpusiera una demanda contra ese colectivo y otros anunciantes específicos. Esa acusación de boicot organizado para privar a la antigua Twitter de ingresos publicitarios significativos por políticas de seguridad de marca que resultaron en censura de algunos contenidos sigue en marcha contra un número creciente de empresas.