Canal Sur aguarda una respuesta de Europa para no pagar 65 M a Hacienda
A la guerra que viene sosteniendo Hacienda con las televisiones autonómicas a cuenta del IVA aún le quedan varios asaltos. Porque, si bien en los meses siguientes al estallido del conflicto hubo algunas organizaciones que se libraron de hacer frente a las cantidades millonarias que les reclama la Agencia Tributaria por este impuesto indirecto entre los ejercicios 2012 y 2014, hay otras que todavía aguardan la resolución de los recursos presentados ante los tribunales.
Hasta la fecha, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), la máxima estancia en reclamaciones tributarias, ha dado la razón a televisiones como TV3, Televisión de Galicia, Castilla La Mancha TV y Baleares (IB3), por el cobro indebido de 136 millones en concepto del IVA deducido en ese trienio.
Estos fallos inclinaron la balanza a favor de las televisiones autonómicas, sentando un precedente ante Hacienda a la hora de reclamar el retorno de los otros 364 millones en juego por el periodo que va del 2015 al 2017. Sin embargo, la devolución no llegó a producirse, puesto que hace un año el TEAC informó que plantearía una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie al respecto.
Radio y Televisión Andaluza es uno de los entes públicos cuya suerte depende del dictamen que emita Luxemburgo. El fisco le reclama un total de 65 millones de euros por la liquidación de una inspección del IVA sobre los ejercicios 2015, 2016 y 2017 (hasta octubre). De esta cantidad, 59,1 millones corresponden a las cuotas, mientras que los 5,9 millones restantes son por intereses de demora.
El pasado 15 de marzo Canal Sur recibió un escrito de la justicia europea en el que se comunicaba la suspensión del procedimiento prejudicial elevado por TEAC. Como consecuencia, también quedaba en suspenso el plazo para presentar alegaciones a esta estancia. Ante esta situación, el ente se vio obligado a elaborar un nuevo presupuesto para este 2019.
Así las cosas, la televisión andaluza está pendiente de elevar una nueva cuestión ante la Unión Europea, con el objetivo de poner fin a una batalla que se remonta a 2014. Ese año la Agencia Tributaria llevó a cabo un cambio en la interpretación de la normativa fiscal, por la cual pasaba a considerar a las cadenas autonómicas empresas duales. Esto es, que realizan una actividad comercial y un servicio público.
No en vano, la chispa prendió a finales de 2017, cuando durante la etapa de Cristóbal Montoro se enviaron notificaciones a una parte importante de los miembros de la FORTA informando de la apertura de expedientes por la reclamación de las subvenciones percibidas. Y así hasta nuestros días.
