Condenan a Nacho Villa por malversación en Castilla-La Mancha TV

El Tribunal de Cuentas ha condenado Ignacio Villa por malversación de fondos públicos durante su mandato como director general de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (RTVCM), hoy renombrada como Castilla-La Mancha Media. Junto al periodista han sido declarados culpables otros tres cargos del ente regional.

La sala cifra en 69.349 euros los perjuicios ocasionados a los fondos de la emisora manchega por los cuatro responsables a través de dos tarjetas de crédito opacas de las que dispuso durante su gestión para la retirada de fondos y pagos.

Los hechos probados acreditan que Villa gastó injustificadamente 47.970 euros entre el 1 de abril de 2013 y el 13 de abril de 2014, y otros 9.342 euros desde el día 14 de ese mes hasta el 15 de septiembre del mismo año.

Según detalla la sentencia, se realizaron pagos por comidas y cenas VIP, estancias en hoteles de cinco estrellas y regalos de lujo que «no tienen justificación en alguna actividad institucional o de interés público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha».

Algunas de las facturas abonadas por Villa en restaurantes superaban los 10.000 euros. Como ejemplo, el tribunal no encuentra justificación para una comida con un colaborador del medio, «dada la desproporción entre la cantidad satisfecha y la finalidad pública e institucional supuestamente perseguida».

Considera a todos los demandados responsables de «conductas ilegales, gravemente negligentes y lesivas para los fondos públicos, atribuibles a los demandados» y les condena al pago de los intereses devengados hasta la ejecución de la sentencia. El importe del alcance debe contraerse en las contabilidad del ente público.

Sobre la conducta de Villa, concluye que «vulneró la normativa económico-financiera aplicable al uso de las tarjetas de crédito; provocó un daño real, efectivo, económicamente evaluable e identificado respecto a fondos públicos determinados y actuó con negligencia grave».

De esta forma, se han estimado parcialmente algunas demandas formuladas por la Junta, que cifraba en 82.000 los fondos públicos malversados, y por el Ministerio Fiscal, que elevaba la cifra en más de 117.000 euros. En cambio no ha tenido en cuenta la solicitud de ambos en relación al abono de 78.000 euros de forma retroactiva al periodista Rubén Martín Martos, contratados para tareas informativas.