El Gobierno vuelve a congelar la asignación económica de la agencia EFE

La subsecretaría del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales ha vuelto a congelar un año más la dotación anual a la agencia EFE, que estará cifrada nuevamente en 2018 en 39 millones de euros.

Se trata de la misma cantidad entregada en 2015, según quedó reflejado en el contrato de servicios de cobertura informativa nacional e internacional de interés público que firmaron ese año la agencia EFE y el Gobierno. También es idéntica a la cifra que se especificaba en el acuerdo de 2016, posteriormente prorrogado en 2017.

Esos 39 millones de euros contrastan con los 50 millones de euros que recibía EFE en el año 2009. De este modo, el Gobierno consolida un recorte que aplicó en plena crisis económica, pese a los signos de recuperación actuales.

Precisamente, la financiación de EFE no ha estado exenta de polémica en los últimos tiempos. Su presidente, José Antonio Vera, trasladó en abril del año pasado ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que la financiación de EFE a través del Contrato de Servicios con el Estado es «inferior» a lo que le corresponde y dejó claro que «de ninguna manera» está de acuerdo con los recortes, «porque han lastrado el funcionamiento» de la empresa.

En esa comparecencia, Vera puso en valor el reconocimiento de la actividad de la agencia como Servicio de Interés Económico General (SIEG), otorgado por la Comisión Europea en julio de 2016.

Ese logro, que también obtuvo France Press, lleva aparejado un sistema de financiación del servicio público que garantiza una compensación adecuada al coste real del servicio requerido. En concreto, se basa en el «coste neto evitado», que establece la diferencia entre el coste neto total de EFE y el que tendría si no tuviera las obligaciones de servicio público en todo el mundo.

El Gobierno no ha actualizado el régimen jurídico de EFE pese haberse comprometido con la Comisión Europea a hacerlo antes de julio de 2017.

Tras ese reconocimiento, el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a cambiar el régimen jurídico de EFE antes del 25 de julio del año pasado. Algo que todavía esta pendiente.

De haberlo hecho, le hubiera correspondido a EFE una asignación de 50 millones de euros en 2016, 11 millones más que la que se produjo finalmente.

Cantidad que hubiera podido cuadrar las cuentas de la agencia, que perdió en 2016 un total de 9,8 millones de euros, un 40% más que el año anterior. En menor medida descendieron los ingresos (-1%), que se quedaron en 77 millones de euros.

Por tanto, si se hubiese contabilizado en ese año el importe correspondiente a la aplicación del SIEG, las pérdidas netas se hubieran limitado a un millón, básicamente por costes excepcionales; según reconoce la SEPI en su Informe Anual.