De izquierda a derecha: Juan Luis Galiacho, María Aránzazu Moretón, Mariano Rivero, Carmen Amores, José María Irujo y Eduardo Castilla.

Los periodistas aplauden los avances regulatorios sobre el secreto profesional

| 16 DICIEMBRE 2022 | ACTUALIZADO: 19 DICIEMBRE 2022 9:05

“El secreto profesional ya no es una asignatura pendiente, es ya una asignatura aprobada”. Con estas palabras, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, anunció el pasado miércoles en una jornada organizada por la FAPE el compromiso del Ejecutivo de regular este derecho constitucional de los periodistas a través de una ley orgánica, tras alcanzar un acuerdo con asociaciones y sindicatos que llevan años reclamándolo. Después de largas negociaciones, las demandas de la FAPE, CCOO, UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) han contado con el visto bueno de la mayoría de los grupos parlamentarios.

La directora general del ente público radiotelevisivo de Castilla la Mancha, Carmen Amores, considera que con esta normativa “vamos a estar en la línea de los que mejor han regulado el secreto profesional” y destaca como punto llamativo que Francia –país con reconocida cultura periodística- no lo tenga regulado. Amores opina que el secreto profesional debe cubrir a profesionales que trabajan tanto en medios escritos como audiovisuales y tanto del género informativo como del entretenimiento.

El secreto profesional del periodista, a diferencia del de otros, cuenta con una importante particularidad, según los expertos. Amores puntualiza que en otras ramas profesionales la información del secreto profesional “no es divulgable, lo que da categoría de secreto. En cambio, el periodista que recibe la información es para ofrecerla rápida y públicamente”.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, María Aránzazu Moretón, señaló que “el periodista necesita de un apoyo jurídico, una norma que garantice que la ocultación de las fuentes no va a tener consecuencias negativas” y defendió la necesidad de delimitar qué informadores pueden acogerse a este derecho, ya que ha habido casos en el extranjero en el que el tribunal ha negado este derecho, por ejemplo, a bloggers.

El periodista de El País, José María Irujo, indicó que “es una misión imposible ejercer este trabajo sin el secreto profesional y en especial, el periodismo de investigación” y resaltó que sin la protección de este derecho no se hubieran conocido casos como el de Luis Roldán, el asesino Emilio Hellín o de las cuentas del rey emérito. Irujo defendió que el secreto profesional también debe ejercerse en las propias redacciones y admitió que conoce colegas periodistas a quienes sus jefes les han intentado sonsacar la identidad de fuentes.

Presiones

Los expertos coinciden en que empresas involucradas en las noticias también han ejercido una presión sobre los informadores a fin de revelar las fuentes. El profesor de Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos y director de Elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, reconoció que “a mí se me ha puesto encima de la mesa una campaña de publicidad a cambio de revelar la fuente que iba en contra de esa empresa”.

Galiacho dijo que le preocupa la veracidad de la información facilitada por una fuente y opina que, frente a ello, es una responsabilidad individual del periodista escoger las fuentes a las que recurrir para elaborar noticias.

Por su parte, el periodista y director del Grado de Periodismo de la Universidad Antonio de Nebrija, Eduardo Castilla, opina que la futura regulación “supone una oportunidad para volver a recuperar la capacidad para cultivar la relación del periodista con sus fuentes”.

Organizaciones de periodistas prevén que, salvo imprevistos, la ley se apruebe en el primer trimestre de 2023.