El Gobierno llega a un acuerdo con los periodistas para regular el secreto profesional mediante una ley
El secreto profesional de los periodistas está hoy más cerca que nunca de adquirir garantías legales. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), las Agrupaciones de Periodistas de CCOO y UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) han alcanzado un acuerdo con el Gobierno para regular a través de una ley el secreto profesional.
Este hito prohibiría que los periodistas puedan ser perseguidos por proteger la identidad de sus fuentes y, además, significaría un refuerzo del amparo constitucional contemplado en el artículo 20 de la Carta Magna, 44 años después de su aprobación.
La tramitación parlamentaria se materializará mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de Ley reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción –la conocida como whistleblower–, en la que se propone la introducción de una Ley orgánica de protección del secreto profesional del periodismo.
La exposición de motivos del texto de la enmienda –suscrita por la federación de asociaciones y los sindicatos– defiende que aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido delimitando los contornos de la figura del secreto profesional, siguen apareciendo de manera esporádica episodios que justifican la intervención directa del legislador para consolidar la protección jurídica.
Juez de Palma
Uno de los más sonados y polémicos fue el que protagonizó en 2018 un juez de instrucción de Palma al ordenar a la Policía requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca para identificar sus fuentes de las noticias publicadas sobre el caso de corrupción Cursach durante su investigación judicial.
De aprobarse la ley que ya está sobre la mesa, ningún periodista estará obligado a revelar la identidad de la fuente, ni tampoco cualquier otra información que pudiera conducir directa o indirectamente a su identificación. Además, esta normativa evitaría que actuaciones que menoscaben el secreto profesional desincentiven a futuras fuentes a colaborar con medios de comunicación.
