El Gobierno aprueba la ley de ‘influencers’ que afectará a quienes facturen más de 300.000 euros

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al primer real decreto que regula la actividad de los influencers. Miles de creadores de contenidos estarán obligados a cumplir con requisitos similares a los que acatan otros operadores audiovisuales.

A partir de ahora, deberán advertir que un contenido emitido tiene carácter publicitario, no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol o etiquetar el contenido por edades, para proteger a los menores.

Los influencers que quedarán sujetos a esta regulación serán aquellos que facturen más de 300.000 euros y superen el millón de seguidores en redes sociales. Supone, por tanto, una rebaja de los umbrales que contemplaron en su proyecto, cifrado en 500.000 euros y 2 millones, respectivamente.

Estos contaron con el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las televisiones privadas, a través de UTECA, y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), al considerarlas excesivamente elevadas. Además, estos creadores de contenido deberán haber publicado o compartido 24 o más vídeos al año.

El Ejecutivo rebaja finalmente los umbrales de facturación y seguidores, a petición de la CNMC, las televisiones privadas y la asociación de consumidores.

Todos estos creadores que cumplan estos criterios deberán inscribirse en el plazo de dos meses en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia. En ese momento, ya serán considerados automáticamente influencers y, por tanto, cumplir con las restricciones impuestas, sometidas a multas que pueden alcanzar los 750.000 euros.

«Esta regulación da mayor protección a los consumidores y más seguridad jurídica a estos usuarios, que han alcanzado una notable importancia y un volumen económico significativo en las plataformas de intercambio de videos a través de las que difunden sus contenidos», argumenta el Ejecutivo.

El real decreto fue aprobado a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su titular, José Luis Escrivá, defendió que se trata de una medida «muy importante», que establece «un terreno de juego equitativo» con otros actores audiovisuales, de acuerdo con la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

España, después de Francia, es el segundo país de la Unión Europea que da luz verde a la regulación de los influencers.