El borrador de la futura directiva europea de libertad de medios habilita el espionaje gubernamental a periodistas
El Consejo Europeo acaba de publicar el primer borrador de lo que será la directiva Europea de Libertad de Medios, que viene generando controversia entre medios y periodistas porque contempla la posibilidad de que cualquier gobierno comunitario espíe los dispositivos de profesionales. Los motivos de seguridad nacional componen una de las salvedades de la prohibición de uso de spyware, junto con una lista cerrada de delitos como terrorismo, asesinato o abuso infantil.
Para ofrecer garantías cada estado miembro deberá designar una autoridad independiente que gestione las eventuales denuncias de periodistas a los que se aplique esa medida y la consideren injusta. Y esa figura u organismo tendrá que emitir una opinión sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la directiva en los tres meses siguientes a la solicitud.
Estas previsiones cuentan con la oposición de la Federación Europea de Periodistas, que representa a más de 300.000 profesionales en 45 países. Este colectivo ha denunciado en los últimos tiempos que la legislación propuesta supone un golpe para la libertad de prensa en la medida en que somete a periodistas y fuentes a un riesgo aún mayor que en la actualidad. Y además apunta que la prohibición general sobre el espionaje de profesionales que establece queda anulada de facto por la enmienda introducida por Francia en virtud de lo que describe como “motivos vagos” de seguridad nacional. Entiende que esa salvedad abre la puerta a abusos y pasa por alto jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto.
En todo caso ese proyecto de ley tiene que ser aprobado en el Parlamento Europeo para ser eventualmente transpuesto a las normativas nacionales. Y en ese proceso de negociación entre partes el texto actual va a contar con la oposición de miembros como la holandesa Sophie int’ Veld, que precisamente supervisó la investigación de la cámara sobre el uso del software espía Pegasus en dispositivos de periodistas y otras figuras públicas.
El texto actual haría posible que cualquier estado apele a motivos de seguridad nacional para acceder a las conversaciones de profesionales con sus fuentes.
Esa herramienta solo se licencia a gobiernos y bajo el compromiso de utilizarla solo para combatir “delitos graves y terrorismo”, según la compañía israelí que la desarrolla. Pero la ONG Forbidden Stories y Amnistía Internacional han estimado que al menos 180 periodistas podrían haber sido escogidos por diferentes gobiernos para ser vigilados de esta forma.
Esta legislación tenía como principal objetivo fortalecer la protección sobre la independencia de medios y periodistas en países donde se encuentra amenazada, especialmente en Polonía y Hungría. En ambos países se ha registrado una escalada contra la actividad de medios no afines a poder en los últimos años, como la introducción de un impuesto de publicidad a empresas periodísticas en el primero o el cierre de la última radio independiente en el segundo. Y la Comisión Europea los ha señalado en repetidas ocasiones por socavar la libertad de prensa, algo que se agravó especialmente en el contexto de la pandemia.
