Joaquim Vidal, dueño de El Punt Avui, saluda a Artur Mas.El Punt Avui agrava sus números y amplía la línea de financiación con su principal accionista
La edición de un medio escrito en Cataluña ha dejado de ser un negocio redondo. El bloqueo en los presupuestos de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 implicó una paralización en el pago de subvenciones y publicidad institucional que afectó de lleno a diversas publicaciones catalanas.
Hermes Comunicaciones, la editora de El Punt Avui, acusó especialmente esta parálisis. Algo lógico, teniendo en cuenta los fondos públicos que ingresa. Sin ir más lejos, percibió 535.208 euros en concepto de subvenciones durante el 2017, mientras que al año siguiente la cifra ascendió a 552.628 euros.
No obstante, el retraso en el pago de estas partidas motivó que a finales el 2017 llevara a cabo un ERE que afectó a 45 trabajadores y en el que se le fueron 2 millones de euros en indemnizaciones. Motivo que según la sociedad editora provocó una caída del 9,2% en la cifra de negocio de ese año y cuyos efectos se extendieron al 2018.
Y es que El Punt Avui registró una facturación de 14,9 millones de euros el año pasado. Cifra que representa un descenso del 12% respecto al ejercicio anterior, cuando ingreso 16,9 millones. El grueso de la merma se produjo en la parte publicitaria, donde obtuvo 6 millones de euros, 1,9 millones menos que en 2017.
A pesar del ahorro en los costes de explotación y de personal, que descendieron hasta los 1,8 millones y 8,3 millones de euros respectivamente, la editora catalana arrojó un resultado negativo de 634.529 euros, que se suman a los 1,5 millones que se dejó en 2017.
Como consecuencia del agravamiento de estos números rojos, Joaquim Vidal, su accionista mayoritario, se vio obligado a ampliar la línea de crédito abierta un año atrás. Esta ampliación se ha hecho a través de la cadena de supermercados Valvi, cuya propiedad se reparten Joaquim Vidal Perpiñà y María Rosa Juventeny Ripoll, titulares del 70% y el 30% respectivamente
De esta forma, el contrato de préstamo participativo por importe de 1,4 millones y un periodo de cinco años se ha ampliado hasta los 2,1 millones de euros para tratar de restablecer el desequilibrio patrimonial, que tras las últimas pérdidas ascendía a 1,5 millones al cierre del 2018.
