Nuevo revés en Zeta: El Supremo da la razón a sus trabajadores en su derecho a huelga
El proceso de venta del Grupo Zeta entra en fase de descuento. A la espera de resolver si queda en manos de Prensa Ibérica tras la inmejorable oferta planteada por CaixaBank, la compañía de Antonio Asensio ha recibido un nuevo varapalo judicial por parte del Tribunal Supremo, que ha dado la razón a los trabajadores.
La historia se remonta a 2013, cuando los representantes de los trabajadores de Gráficas de Prensa Diaria, las rotativos encargadas de imprimir El Periódico de Catalunya y Sport, entre otras publicaciones, convocaron una huelga. El parón fue secundado por los 104 empleados de la empresa, que reivindicaban el reconocimiento de una serie de acuerdos en relación a su salario y al mantenimiento de la plantilla.
El grupo reaccionó a esta movilización, que duró siete días, encargando la impresión de sus periódicos a empresas ajenas. De acuerdo con la sentencia del Supremo, este hecho volvió ineficaz la huelga «en su vertiente de manifestación del problema», ya que el producto llegó a los consumidores en las mismas condiciones, «sin que los usuarios y la opinión pública lleguen a conocer la propia existencia del conflicto».
Ante esta decisión, los representantes de los trabajadores optaron por interponer una demanda en un juzgado de primera instancia de Barcelona contra el Grupo Zeta, al considerar que se había atentando contra el derecho de huelga de la plantilla. En 2014 el tribunal falló a su favor, condenando a la empresa a indemnizar al sindicato CGT con 6.000 euros.
Esta sentencia fue recurrida por Zeta y la empresa de rotativas, basando su argumentación en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que daba la razón al grupo Godó en un caso similar tras considerar que se había ejercido el derecho a la libertad de empresa.
Sin embargo, el Alto Tribunal ha concluido que el derecho a huelga se reconoce como un «instrumento de presión necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos». Y apoya esta doctrina en otro caso del sector en el que se vio envuelto Prisa.
