California quiere unirse a la demanda antimonopolio contra Google
El estado que vio nacer a Google también cree que está operando de manera perjudicial para la competencia. California busca personarse en la causa antimonopolio que ha levantado contra el gigante tecnológico el Departamento de Justicia, tal y como ha confirmado Xavier Becerra, su procurador general. La oficina que encabeza registró el viernes 11 de diciembre una petición formal ante un juez para formar parte del caso, lo que convertiría a California en el primer estado gobernado por un miembro del Partido Demócrata que unirse a él.
La demanda a la que Becerra quiere adherirse cuenta con 11 estados gestionados por gobernadores del Partido Republicano. Todos ellos apoyan la tesis de que Google actúa de forma anticompetitiva mediante acuerdos con fabricantes de teléfonos y operadores para excluir a posibles rivales en búsquedas, lo que a su vez ayuda a su negocio publicitario. La postura de California en esta causa es novedosa en la medida en que fue uno de los dos únicos estados que no se unieron a la investigación colectiva lanzada sobre la compañía en 2019. Aquella circunstancia provocó que a Becerra se le acusara de intentar no perjudicar a Google por estar instalado en su estado.
Además este movimiento rompería la imagen de sesgo republicano contra Google que alimentó Donald Trump en sus últimos tiempos como presidente de EEUU. De hecho la demanda se presentó demasiado deprisa a juicio de algunos de sus participantes, con el objetivo de llegar antes de las elecciones presidenciales que acabó ganando Joe Biden. Y esta última circunstancia es relevante para Becerra, ya que va a ejercer como secretario de Salud y Servicios Humanos en ese nuevo Gobierno.
El giro del procurador general coincide con la aprobación de la California Privacy Rights Act (CPRA), la nueva ley que reemplazará en 2023 a la California Consumer Privacy Act (CCPA), que entró en vigor en 2019. La nueva normativa cambia y endurece el escenario de recogida de información de usuarios para los servicios en internet, inspirada en parte en el Reglamento General de Protección de Datos que rige en la Unión Europea, y podría convertirse en el estándar sobre el que gire el debate general en este tema durante el ciclo de Biden.
La causa contra Google se presentó apenas unas semanas después de que el subcomité Antimonopolio del Congreso presentara las conclusiones de su investigación de 16 meses sobre prácticas de gigantes tecnológicos, en las que Google compartía espacio y reflexiones con Apple, Facebook y Amazon. Los autores del informe recomendaban aplicar a todas ellas una normativa adaptada a la realidad de forma más rigurosa, por entender que todas ellas operan en condiciones de monopolio en sus respectivas áreas.
