El Gobierno de Canadá deja de anunciarse en Facebook e Instagram en plena disputa con Meta por el pago a medios
La aprobación de la legislación que pretende forzar a los gigantes de internet a pagar a los medios por usar su contenido en Canadá no deja de ofrecer reverberaciones. Si Meta confirmó que dejaría de acoger información en Facebook e Instagram en el momento en el que entrara en vigor, ahora es el Gobierno de Justin Trudeau el que responde diciendo que dejará de planificar publicidad en ambos entornos como medida de presión, con lo que abre la veda para que otros actores nacionales hagan lo mismo.
Su ejemplo ha sido seguido por el Ejecutivo provincial de Quebec, el operador telefónico Quebecor y la compañía de televisión por cable Cogeco Communications.
Según el ministro de Patrimonio, Pablo Rodríguez, el gigante de la web social rechazó la posibilidad de negociar cualquier compensación con los medios y por ello han tomado esa decisión. El coste para Meta será de en torno a unos 10 millones de dólares canadienses, según sus cálculos, en línea con los 11,4 millones de inversión que figuran en el informe anual de compra de medios del Ejecutivo correspondiente al año fiscal 2021-2022. Facebook e Instagram absorbieron en ese periodo más de la mitad de toda la planificación destinada a redes sociales, aunque supone una cifra modesta en relación con los cerca de 3.000 millones que la empresa facturó en Canadá en 2022.
Sin embargo, ese lucro cesante puede aumentar hasta datos más llamativos si sigue creciendo el número de instituciones y empresas que han decidido seguir ese ejemplo. De momento, el Gobierno de Quebec, la segunda provincia más poblada del país, también dejará de colocar campañas en esos entornos “en solidaridad” con los medios, según indicó su primer ministro François Legault. El operador telefónico Quebecor y la compañía de televisión por cable Cogeco Communications también han confirmado que dejarán de invertir en Facebook e Instagram.
Al margen de esta escalada, Rodríguez ha indicado que ve posibilidades de resolver la disputa en el plazo de seis meses previsto antes de que entre en vigor la nueva ley. Y para ello el Ejecutivo insta a ambas plataformas “a que se queden en la mesa, trabajen en el proceso regulatorio con nosotros, contribuyan con su parte justa y mantengan las noticias”. Ese acuerdo estaría más cerca en el caso de Google y prueba de esto último es que el ministro considera que “lo que está pidiendo en este momento se puede hacer” y el gigante de las búsquedas ya aclaró en su anuncio de retirada de noticias locales de sus productos que había visto buena predisposición en el Ejecutivo, aunque sin garantías de que sus peticiones fueran atendidas.
