Los accionistas de Omnicom e Interpublic aprueban su fusión a la espera de que hablen los reguladores
La compra de Interpublic Group (IPG) por parte de Omnicom Group (OMG) está más cerca después de que por encima del 90% de los accionistas de ambos conglomerados hayan dado su visto bueno.
Eso deja la operación por valor de 13.000 millones de dólares en manos de los reguladores, que en el caso de EEUU supone ofrecer por segunda vez información a la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Ese último movimiento puede retrasar significativamente o incluso bloquear la fusión. Tal y como contó recientemente la abogada especializada en casos de competencia Michelle Mantine a AdAge, en EEUU solo se reclama de nuevo información a los protagonistas de una operación similar en entre el 1,5% y el 3% de los casos. Y los propios datos de FTC indican que en tres de cada cuatro casos las fusiones analizadas descarrilan o se reestructuran.
Esa excepcionalidad puede vincularse a que la compañía resultante será el mayor gigante publicitario del mundo, por delante de la declinante WPP y la pujante Publicis.
Pero también forma parte de una investigación a mayor escala de las prácticas relacionadas con seguridad de marca de todo el sector, que el presidente republicano del Comité Judicial del Senado, Jim Jordan, enlaza con censura.
En el primer caso, las preocupaciones de los reguladores se explican por el hecho de que ambos conglomerados son estadounidenses y su concentración puede implicar condiciones desfavorables para anunciantes o medios en ausencia de mayor competencia. Y en ese aspecto una de las preocupaciones clave es la de la llamada compra de medios principales, una estrategia de grandes agencias basada en la adquisición en bloque de espacios publicitarios que luego revenden a sus clientes.
Más del 90% de quienes tienen participaciones en ambas compañías han dado su aprobación al proyecto.
Y en el segundo, ambas compañías están bajo investigación desde diciembre por la aplicación de sus políticas de marca. Ese proceso impulsado por Jordan les obliga a mantener toda la documentación y contactos vinculados con la Federación Mundial de Anunciantes (WFA), a la que previamente ya investigó por el presunto impacto en censura del pensamiento conservador de esas prácticas.
En ese contexto, The Wall Street Journal informó recientemente de que ejecutivos de X, incluyendo su consejera delegada, Linda Yaccarino, estaban dando a entender a contactos de IPG que si no aumentaban el gasto de sus clientes en la plataforma podría haber problemas para que se lleve a cabo la fusión.
Apelan a la influencia de su propietario, Elon Musk, sobre el Gobierno de Donald Trump y su posible capacidad de movilizar a los reguladores en contra de esa operación.
