Casals pactó con el Gobierno de Zapatero dejar a RTVE sin publicidad, según Dolset
A mediados de 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió acabar con la publicidad de RTVE. El año anterior, el por aquel entonces ente público ingresó 557 millones de euros por la emisión de anuncios. Fondos que, en su mayoría, pasaron a Mediaset y Atresmedia.
Ambas compañías se han convertido ahora en un duopolio publicitario. Si en 2009 Mediaset y Atresmedia ingresaron 1.189 millones de euros entre los dos, siete años más tarde -2016- la facturación se disparó hasta los 1.811 millones de euros, un 50% más. Esto es el 85% de la tarta publicitaria televisiva pese a contar con una cuota de pantalla del 58%.
Pues bien, ahora se ha sabido que las presiones ejercidas por Mauricio Casals, presidente de La Razón y alto directivo de Atresmedia, a María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno, podrían haber provocado la eliminación de la publicidad en RTVE, con el consiguiente beneficio para el actual duopolio televisivo. Decisión que contó con la opinión en contra de los anunciantes y de las agencias de publicidad, entre otros actores de la industria.
Así lo asegura Javier Pérez Dolset, presidente de ZED, en su declaración ante el juez en el marco de la operación Hanta; que hoy recoge El Español.
Operación Hanta
En esta trama se está investigando las subvenciones ministeriales presuntamente irregulares que habría recibido ZED entre los años 2010 y 2015.
Entre los implicados está Mauricio Casals, presidente de La Razón; perteneciente al Grupo Planeta, holding que tuvo una participación en el pasado en Zed del 25% de las acciones.
La labor de Casals habría sido la de intermediar con la Administración para conseguir subvenciones para Zed en concepto de fomento de la innovación y el desarrollo. En total, habría obtenido 70 millones de euros, sobre todo, del Ministerio de Industria.
A cambio de esta labor de intermediación, La Razón habría recibido presuntas comisiones ilegales disfrazadas como servicios de publicidad y falsos acuerdos de colaboración, según apuntaban desde El Confidencial.
