Consejeros de Prisa son retribuidos con acciones en medio de la puja por Santillana
Dentro del Grupo Prisa se viven distintas realidades. Mientras la compañía vincula sus planes de futuro a la cantidad que obtenga en la operación de venta de Santillana, donde de momento las ofertas presentadas están por debajo de los 2.000 millones de valoración, una parte de su cúpula ha hecho caja con la recepción de una remesa de acciones que les vincula, un poco más, a la empresa.
Según consta en los registros de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cinco consejeros del grupo recibieron a mediados del pasado marzo un paquete de títulos y derechos de voto, en atención al plan de retribuciones actual de la empresa.
Entre los receptores se encuentran Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, que ocupa un asiento en el consejo como externo desde 1983; los miembros independientes Alain Minc y Elena Pisonero, en el órgano desde 2010 y 2016 respectivamente; y los mexicanos Roberto Alcántara Rojas y Ernesto Zedillo.
El reparto se hizo el pasado 16 de marzo de un modo equitativo: Gregorio Marañón percibió 1.045 títulos, por un valor individual de 5,32 euros. Esto es, un paquete tasado en 5.559,40 euros para este consejero externo. Alcántara sumó un paquete algo mayor, compuesto por 1.137 acciones, con un valor total de 6.048,34 euros; igual que su compatriota Zedillo, expresidente de México. Por último, ese mismo día Elena Pisonero, presidenta de Hispasat y consejera desde abril del año pasado, también comunicó la recepción de 1.045 títulos por 5.559,40 euros.
La retribución total alcanzó los 29.519 euros que, elevada o no, se contabiliza aparte de los 5,7 millones de euros que percibió todo el consejo de administración en 2016
Cuatro días después, el 20 de marzo, le fue entregado a Alain Minc 1.185 acciones por un valor de 6.304,20 euros. La retribución total alcanzó los 29.519 euros que, elevada o no, debe contabilizarse aparte de los 5,7 millones de euros que percibió todo el consejo de administración de la editora de El País en 2016. Ello aun cuando se dejó 67,9 millones de euros por el lastre de la evolución del tipo de cambio y el impacto fiscal negativo del nuevo impuesto de sociedades.
Todos ellos ya recibieron un paquete accionarial a finales del año pasado, si bien la esta gratificación rondaba los 90.000 euros en su conjunto. Estos títulos y derechos se les entregó como reconocimiento a la labor de gestión desempeñada en los últimos años, al margen de los balances en rojo -a excepción de 2015- acumulados por la compañía. Y es que se trata de una política de retribución habitual dentro de la casa, aunque se encuentre en medio de un proceso de desinversión. De hecho, hace tres años, a mediados de 2014, se hizo un reparto importante entre ejecutivos y consejeros días antes de formalizarse la venta de Canal+ a Telefónica.
El plan de retribuciones a la cúpula vigente fue aprobado en la Junta Ordinaria de accionistas de 2015, y se incluía un plan de incentivos a largo plazo para el trienio de 2014 y 2016 a algunos consejeros ejecutivos del grupo. La asignación de estos incentivos quedaba sujeta «en función de su nivel de responsabilidad y de la contribución a los resultados del grupo».
Como fuere, este reparto de acciones se produjo apenas unas semanas después de que cuatro consejeros independientes del órgano de administración de Prisa evitaran respaldar el plan anual de remuneraciones. Quien sí se opuso en rotundo fue el dominical Joseph Oughourlian, gestor de Amber Capital, que votó en contra de la propuesta. Los miembros que se abstuvieron fueron Elena Pisonero, Blanca Hernández, Alfonso Ruiz de Assín y Dominique D’Hinnin.
