Los medios afrontan divididos el nuevo escenario legal de licencia de contenidos para plataformas
Para cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley que habilita la licencia de contenidos a plataformas digitales según la Directiva de Copyright de la Unión Europea, varios de los principales editores de España ya tenían firmados precontratos con Google sujetos a esa traslación. Alguien muy próximo a esas conversaciones señala que precisamente esa es una de las claves que explica el cambio de escenario desde la irrenunciabilidad del Canon AEDE a que cualquier medio pueda vender libremente sus derechos. La otra es el aparente cambio de guardia que supone la derrota de la postura de los grupos tradicionales representados en la Asociación de Medios de Información (AMI), que siempre han defendido una negociación colectiva pautada.
Un buen conocedor de las dinámicas internas del sector explica que los principales actores tradicionales mezclaban diferentes perspectivas: “Vocento seguía enrocada en dar pelea hasta el final, creo que Godó estaba en esa misma línea, Unidad Editorial dio el bandazo tras la firma de su propietario italiano para todo el grupo y luego estaba Prisa, que quería que esto saliera adelante para luchar después por conseguir más dinero”. Esa variedad de tendencias se contraponía a la reclamación de la negociación voluntaria encabezada por los nativos digitales y vertebrada a través del Club Abierto de Editores (Clabe).
En ese escenario de división y de intereses cruzados se ha estado gestando un periodo de consultas con la industria que ha durado meses. En ese proceso todos los protagonistas han podido observar lo que sucedía en Francia, el primer país en adaptar su normativa al contexto legal europeo. Para otra persona del sector directamente implicada en las conversaciones con Google supone un buen ejemplo: “Ha llegado a un punto intermedio en la relación con los medios, de forma que deja negociar individualmente a los editores pero al mismo tiempo la L’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG) vela porque el marco sea lo más justo posible”.
El ejemplo francés
En todo caso, la situación allí no está exenta de polémica. Google fue forzada por la Justicia a negociar en octubre de 2020 y en enero anunció acuerdo con los editores franceses agrupados en APIG, un mes después la autoridad nacional de la competencia acusaba al gigante tecnológico de no actuar de buena fe en esas negociaciones, que además dividieron al sector. Calificaba así el hecho de que las encuadrara en la remuneración por el uso futuro de contenidos en su nuevo agregador News Showcase, eludiendo los derechos derivados de su utilización actual en distintos productos y servicios. En julio le impuso una multa de 500 millones de euros por esta y otras infracciones.
En principio los preacuerdos firmados en España no se refieren en concreto a News Showcase y habrá que esperar a los contratos que se puedan concretar tras la aprobación de esta reforma por parte del Congreso. Está por ver el papel que adopta entonces la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el cauce por el que discurren las conversaciones al detalle. Los criterios sobre los que se ha realizado la valoración en cada caso incluyen diversos aspectos en torno a la audiencia y el impacto de cada medio.
Los editores podrán negociar la licencia de sus contenidos a Google o Facebook pero las perspectivas de quienes conocen esas conversaciones varían según distintos factores.
Lo que en principio no va a trascender es el dinero pactado en cada caso. Google ata a los editores con acuerdos de confidencialidad que entre otras cosas impide que existan comparativas en debate abierto entre diferentes casos. Una de las fuentes consultadas indica que en privado ha intercambiado información con otras empresas y el pago es “más o menos homogéneo”. El impacto de esos fondos es relativo en cada caso: alguien que ha estado en una de esas negociaciones considera que “el dinero no nos cambia el negocio, creo que es más simbólico y sirve para reconocer un derecho”; y otra persona muy próxima a ellas cree que es “relevante pero no determinante, un acuerdo razonable”.
Otra fuente con amplia experiencia en gestión de medios apunta al respecto que probablemente el acuerdo resulta más relevante en porcentaje para digitales que para medios tradicionales por la diferencia de costes entre unos y otros, además de por su situación financiera. Eso explicaría que los primeros se hayan mostrado mayoritariamente a favor de la firma individual de licencia casi desde el principio y los segundos consideraran que se debía negociar en conjunto para obtener más dinero.
Mejor en solitario
Lo que se cuenta desde unos y otros es que el margen de negociación ha sido relativamente estrecho, algo habitual en las conversaciones con estas empresas. Alguien favorable a la negociación colectiva cree que el sector ha obtenido “muchísimo menos” de lo que habría conseguido de esa forma, “un regalo en comparación con lo que van a pagar a los medios en Australia, Canadá, Francia o Alemania”. En este último caso una organización de gestión colectiva llamada Corint Media pide a Google hasta 420 millones de euros por utilizar el trabajo de casi 200 medios a lo largo de 2022.
En España no ha cuajado una eventual iniciativa colectiva en este caso. “Es precisamente lo que nos llevó al fracaso la última vez con AEDE y CEDRO. Puede que las negociaciones individuales hagan que los acuerdos sean menos cuantiosos, pero lo prefiero porque en el sector tenemos intereses contrapuestos y una negociación colectiva no beneficiaría necesariamente a todos”, explica alguien que conoce bien los entresijos de las asociaciones actuales. En ese argumento, además de la experiencia previa del fracaso del Canon AEDE, emerge también la brecha entre medios tradicionales y nativos digitales.
Todos ellos podrán beneficiarse del retorno de Google News y la eventual llegada a España de News Showcase, pero también de la pestaña de noticias de Facebook para la que la plataforma está negociando en paralelo con diferentes editores. Para la primera las expectativas de los profesionales consultados son moderadas pero positivas, mientras que sobre la segunda las suspicacias son notables.
