Europa abre investigación a Meta por su papel como transmisor de desinformación rusa
La cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo y el repunte detectado de intentos de desinformación por parte de Rusia han impulsado una investigación formal por parte de la Comisión Europea sobre Meta.
En concreto quiere saber si el gigante de la web social está haciendo lo suficiente para atajar y/o moderar contenido político, ilegal y engañoso, bajo la sospecha de que no habría cumplido las obligaciones de proteger a sus usuarios que le corresponden bajo la Directiva de Servicios Digitales (DSA). En octubre del año pasado ya le pidió explicaciones en el contexto del conflicto entre Hamás e Israel, además de las elecciones eslovacas.
Una de las preocupaciones clave del Ejecutivo comunitario es que no existen facilidades por parte de Meta para que organismos independientes monitoricen el discurso en tiempo real y comprueben la eficacia de sus esfuerzos en esos frentes. Y eso irá a peor con el cierre de Crowdtangle, la herramienta que durante los últimos años investigadores han utilizado para ese fin, que dejará de estar operativa el 14 de agosto. Su desaparición causa desasosiego igualmente entre profesionales de la comunidad académica de EEUU ante la posibilidad de que las elecciones presidenciales de noviembre se vean igualmente afectadas por corrientes desinformativas.
La nueva investigación en Europa da continuidad a la inquietud que han venido mostrando algunos altos cargos de países del bloque en los últimos tiempos.
A finales de abril, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, señaló que casi todos los países de la Unión Europea están sufriendo acciones de propaganda rusa de cara a las elecciones que a principios de junio reharán la cámara legislativa comunitaria.
Precisamente, días antes, el Parlamento Europeo había aprobado una resolución de denuncia de esos esfuerzos rusos por interferir en los procesos democráticos de la región, en la que también admitía las “alegaciones creíbles” de que algunos de sus miembros habían cobrado por diseminar esos mensajes.
La compañía tendrá que responder sobre sus capacidades para limitar las publicaciones con ánimo de engañar a los electores europeos que en junio escogen nuevo Parlamento.
Además, en ese proceso la Comisión Europea pretende incidir en las prácticas de Meta para rebajar la publicidad engañosa y su nueva política de reducción de contenidos políticos en Facebook e Instagram, además de estudiar si los usuarios de esos servicios disponen de suficientes mecanismos para denunciar publicaciones ilegales. Lo que no ha indicado es ningún plazo para el desarrollo de esa investigación, cuyas conclusiones podrían derivar en multas de hasta el 6% de la facturación global de la compañía si se considerara que ha violado la DSA y no pone remedio a los problemas detectados.
Este es el segundo proceso que el Ejecutivo comunitario abre a Meta en las últimas semanas, ya que a finales de marzo la involucró en otro por posibles prácticas competencia que también incluye a Apple y Alphabet. Además, el gigante de la web social está bajo escrutinio igualmente por su controvertido plan de suscripción para la región como subterfugio para proteger su negocio publicitario y tiene abierto un frente legal con grandes editores del continente por competencia desleal.
