Una demanda para evitar publicidad segmentada abre la puerta a versiones de pago de Facebook e Instagram
La británica Tanya O’Carroll ha sentado un precedente histórico en su país al conseguir que Meta acepte no personalizar anuncios para ella.
Ese acuerdo resuelve la demanda que presentó en 2022 bajo la acusación de que el gigante tecnológico había incumplido normativa nacional sobre datos personales. Y, además, pone sobre la mesa una posible versión de pago de sus servicios para evitar más iniciativas similares.
O’Carroll contó en su demanda con el apoyo de la autoridad de protección de datos de Reino Unido (ICO), que ha afirmado que «las personas tienen el derecho a oponerse a que su información personal sea utilizada para marketing directo».
La protagonista considera a su vez que «este es un acuerdo individual, pero creo que sus ramificaciones se extenderán mucho más allá de mí» y citó como clave el reconocimiento de ICO para ello.
El regulador apela a que este caso supone un precedente para millones de usuarios de plataformas digitales en Reino Unido porque «las organizaciones deben respetar las elecciones de las personas sobre cómo se usan sus datos y eso significa darles una manera limpia de optar por que no se usen de esta forma».
Y en base a ese escenario, Meta ha comunicado que «está explorando la opción» de ofrecer a los británicos una suscripción sin anuncios.
Eso daría continuidad a su estrategia en la Unión Europea, en la que mantiene una versión de pago desde octubre de 2023 como alternativa a la segmentación publicitaria.
Esa decisión llegó como consecuencia de una derrota semanas antes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su modelo de negocio basado en las campañas personalizadas.
El acuerdo con una ciudadana británica para zanjar una acción legal iniciada en 2022 supone un precedente potencial para millones de usuarios.
Sin embargo, no está claro que ese modelo que contrapone pagar por evitar rastreo publicitario o asumirlo por defecto se ajuste a la normativa comunitaria.
En marzo del año pasado, la Comisión Europea pidió formalmente más información a Meta sobre sus prácticas publicitarias, semanas después de que el colectivo proprivacidad noyb la demandara por considerar ilegal esa disyuntiva que también aplican los medios de comunicación.
Actualmente, los usuarios europeos tienen la opción de pagar 5,99 euros al mes para evitar publicidad en Facebook e Instagram, un precio menor del que se había planteado en primera instancia, pero Meta no ha publicado datos concretos sobre la tracción de ese modelo.
En los últimos resultados entregados por la compañía, figuraba que más del 96% de sus ingresos globales se corresponden con facturación publicitaria.
