La Unión Europea eleva el tono contra los gigantes de internet en su gestión de la desinformación
La Comisión Europea no está contenta con el trabajo que vienen realizando las plataformas para atajar la desinformación y ha decidido incrementar el nivel de exigencia sobre ellas. Eso se sustancia en la necesidad de revisar el Código de Buenas Prácticas Contra la Desinformación elaborado en 2018, debido a lagunas y problemas en el contexto de “una campaña masiva antivacunación”.
Esas son palabras de la vicepresidenta Vera Jourová, que ha añadido que “un código más fuerte es preciso porque necesitamos que las plataformas y otros actores se centren en los riesgos sistémicos de sus servicios y la amplificación algorítmica, dejen de fijarse sus propias políticas y dejen de hacer dinero con la desinformación, mientras preservan la libertad de expresión”.
En concreto las autoridades comunitarias han detectado cinco ámbitos en los que piden mayor esfuerzo a esas compañías: la calidad de la información que ofrecen, las métricas asociadas, la revisión independiente, la falta de actividad de verificación suficiente y la monetización de desinformación mediante publicidad. La adhesión al código es voluntaria y su refuerzo supondrá la asunción de nuevos compromisos por parte de los firmantes. Entre ellos, el de crear un Centro de Transparencia en el que expliquen qué medidas han implementado y los datos relativos a ellas.
Las autoridades comunitarias quieren incrementar el nivel de exigencia sobre los gigantes de internet en el contexto de la desinformación sobre vacunas.
También se plantea el establecimiento de un grupo de trabajo permanente presidido por la Comisión Europea del que formarían parte los firmantes del código, así como representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior, reguladores de medios audiovisuales europeos (ERGA) y Observatorio de Medios Digitales. Su labor sería ayudar a mantener actualizado el código al contexto tecnológico, social, empresarial y legislativo de cada momento.
Ese texto supone en la práctica una adaptación progresiva de las plataformas a la nueva realidad que tendrán que afrontar cuando se apruebe la Directiva de Servicios Digitales. Esa normativa establecerá que podrán recibir multas de hasta el 6% de sus ingresos anuales por no eliminar contenido ilegal, algo que podría extenderse igualmente a servicios de mensajería cuyo contenido no es auditado.
Google, Facebook o Twitter firmaron el código cuando se lanzó el 2018, pero el progreso percibido desde entonces no ha sido destacado. Además la pandemia ha marcado un punto de inflexión en la difusión de desinformación, primero en torno al presunto origen de la enfermedad y después centrada en los supuestos problemas de las vacunas.
Otro elemento clave que ha cambiado el escenario es la suspensión de Donald Trump por parte de esas plataformas por su actitud tras el asalto al Capitolio, algo que ha suscitado debate sobre hasta qué punto pueden o deben intervenir de esa forma en relación con mandatarios de países. Un estudio ha mostrado que la desinformación sobre las elecciones de EEUU en Twitter se desplomó tras esa decisión.
